15/Dec/2019
Editoriales

Uber, Cabify, DiDi, etc: la globalización en los bueyes del compadre

 

El viernes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador señalo que el caso que si se propone que “nos integremos a la aldea global” o “globalización” esta debe ser equitativa, que debe estandarizarse y que no debe ser que los mexicanos paguemos más que otros países, por la luz, el cemento o la intermediación bancaria y que tampoco “nosotros no podamos cobrarles impuestos, como otros países se los cobran”, a las empresas trasnacionales.  

En ese sentido, en el caso de las aplicaciones Uber, Cabify, Didi etc. se aplica lo que dice el presidente: Estas empresas no pagan impuestos como todas las demás y estos, sobre todo el ISR, se aplican solo a los choferes o “socios” de esas aplicaciones. Estos conductores, por lo tanto, no cuentan con las prestaciones de ley que tendrían si fueran rescontrados como trabajadores.

 De hecho, y en virtud de que las aplicaciones alegan que  y así ha sido aceptado , por algunos jueves y por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación;  este servicio “no puede ser igualado”, tampoco es “equivalente” y “no se le pueden aplicar los mismos reglamentos” que al servicio de taxis puesto que, se afirma es “un contrato privado entre particulares más que un servicio público” y además, “es un acto de comercio el cual prevalece por encima de las prestaciones de servicio de trasporte público”.

 O sea, no es lo mismo que el servicio de taxis o autobuses y por lo tanto no paga los mismos impuestos ni está sometido a las mismas regulaciones pues como afirma el representante legal de Uber en América Latina Enrique González: “Es un acto de economía colaborativa y no trasporte público”.  Como decíamos, la globalización se hace en los “bueyes del compadre”. 

 Todas las leyes mexicanas quedan invalidadas y han quedado invalidados también varios intentos de regular esas plataformas en Yucatán, SLP, Tijuana etc. mediante leyes de Trasporte locales.   Lo que es peor, el deber del estado de defender los derechos laborales de los mexicanos y, sobre todo, su derecho al bienestar y la felicidad teniendo que aceptar esaos empresas piratas como parte de la “modernidad”.