19/09/2018
Editoriales

LA TRAGEDIA DEL BORINQUEN SIGUE

En un informe que presentaron a la prensa el lunes 18, funcionarios del gobierno de Puerto Rico mostraron cifras actualizadas que indican que la crisis financiera y humanitaria de la isla ha empeorado dramáticamente en el período de los últimos dos meses, con ingresos fiscales cada vez menores y un enorme déficit que sigue aumentando. La proyección del déficit de los próximos cinco años ya fue actualizada a la alta en un 15%, de $14 mil millones de dólares a $16 mil millones de dólares, y desde ya se espera que llegue a $23 mil millones de dólares o más en los próximos diez años, y ni la población ni la economía pueden aguantar más austeridad de la que ya se les ha impuesto.

Eso no le molesta a los republicanos de Wall Street quienes insisten en que Puerto Rico "exagera" la profundidad de su crisis y que todavía puede exprimir le más sangre a su empobrecida población. Jack Lew, Secretario del Tesoro de EU, estuvo el miércoles 20 en Puerto Rico para hablar con funcionarios del gobierno sobre la crisis; Lew le ha pedido al Congreso de EU que aprueben la legislación que permita a Puerto Rico acogerse al Capítulo 9 de protección de bancarrota, pero también respalda la propuesta del Partido Republicano para implementar una Junta de Control Financiero, cuya labor sería imponer una austeridad todavía más brutal. Quizás luego de eso Obama le ofrezca a los tres millones de puertorriqueños que tomen agua del mortífero río Flint de Michigan.

Los funcionaros subrayaron que el gobierno no tiene dinero. Los ingresos fiscales fueron de $500 millones de dólares menos que lo pronosticado, y para junio, la agencia Bloomberg informó que el gobierno enfrenta un balance negativo de liquidez de $923 millones de dólares. En la segunda mitad del 2015, el gobierno recortó los programas del seguro social, atrasó el pago de $330 millones de dólares en devolución de impuestos que debía desde el 2014 a contribuyentes, dejó de pagarles a los proveedores, a quienes ahora les debe $1,800 millones de dólares en pagos retrasados. A menos de que reciban este pago pronto, los proveedores van a dejar de abastecer suministros médicos a los hospitales, comida a las prisiones, y también otros servicios públicos esenciales.

En mayo se vence una deuda de $400 millones de dólares, y luego otra de $2 mil millones de dólares para el 1 de julio. Si no hay un alivio de la deuda, afirmaron los funcionarios, el 1 de julio habrá enormes incumplimientos desde el nivel más bajo hasta el más alto en la jerarquía de los acreedores. Representantes del gobierno van a sostener una conferencia telefónica hoy con asesores de los acreedores para tratar sobre las cifras que han actualizado y también sobre una propuesta general de restructuración, según afirmó Melba