Aviones de combate rugen sobre Jartum. Las bombas sacuden la capital sudanesa. Muchos civiles, refugiados ante lo que puede ser el comienzo de una guerra civil, se preguntan: “¿Por qué?”

Es tentador, y correcto, culpar a los individuos. Un conflicto no puede estallar a menos que alguien decida empezar a luchar, y Sudán tiene dos villanos conspicuos. El jefe del ejército lucha contra el jefe de una milicia por el control del tercer país más grande de África. El general Abdel Fattah al-Burhan, gobernante de facto de Sudán, encabeza una junta militar que sigue retrasando el prometido traspaso de poder a los civiles. Muhammad Hamdan Dagalo (más conocido como “Hemedti”), dirige a los paramilitares denominados Fuerzas de Apoyo Rápido, que en otra época cometieron genocidio en Darfur.

Ambos bandos tienen el tipo de ambición que a menudo conduce al derramamiento de sangre en países con pocos controles y equilibrios. Ansían tener un poder que no les haga rendir cuentas y las prebendas que ello conlleva. El ejército ya posee un vasto y turbio imperio empresarial; Hemedti, al parecer, ha amasado una fortuna con las minas de oro y la venta de servicios militares a países extranjeros. Ninguno de los dos parece dispuesto a compartir el poder. Cada uno llama al otro “criminal”; Hemedti dice que el general debe rendirse o “morir como un perro”.

Sin embargo, las desgracias de Sudán no son sólo culpa de estos dos odiosos hombres. El país ha estado atormentado por la guerra civil durante la mayor parte del tiempo desde su independencia en 1956. Es un ejemplo de un problema mundial: la creciente persistencia de los conflictos.

Mientras la atención se centra en la rivalidad de las grandes potencias entre Estados Unidos, Rusia y China, los conflictos en el resto del mundo empeoran. El número de personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares se ha duplicado en la última década, hasta alcanzar aproximadamente los 100 millones. Aunque la pobreza mundial ha retrocedido, el número de personas desesperadas que necesitan ayuda de emergencia se ha duplicado desde 2020, hasta alcanzar los 340 millones. Según el Comité Internacional de Rescate (CIRC), una ONG, el 80% de esta cifra se debe a conflictos.

Desde 1945, los conflictos se han sucedido en tres oleadas superpuestas. Primero, los habitantes de las colonias europeas lucharon por su independencia. Después, grupos rivales lucharon por el control de estos nuevos Estados independientes. La guerra fría elevó las apuestas: Occidente apoyó insurgencias contra gobiernos que se declaraban marxistas, de Angola a Nicaragua. La Unión Soviética apoyó guerrillas anticapitalistas y regímenes revolucionarios en todos los continentes.

Tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, el número de guerras descendió drásticamente. También lo hizo el número estimado de muertos en combate. Pero después de 2011 llegó una tercera oleada. Tanto el número de guerras como su mortandad aumentaron, a medida que la Primavera Árabe provocaba conflagraciones en Oriente Próximo, una nueva forma de yihadismo se extendía por el mundo musulmán y Vladimir Putin resucitaba el anticuado imperialismo ruso.

La invasión de Ucrania por Putin es inusual: un intento directo de un Estado de conquistar a otro y robarle su territorio. La mayoría de los conflictos armados modernos son más difíciles de entender. Suelen ser guerras civiles, aunque en muchas hay injerencia extranjera. Se producen sobre todo en países pobres, especialmente en países cálidos como Sudán. (De hecho, forman un cinturón de dolor alrededor del Ecuador). Causan millones de muertos, pero es difícil calcular exactamente cuántos. El número de personas que se ven obligadas a huir a causa de ellas es mucho mayor que hace una década. Son muchos más los que mueren de hambre o enfermedades provocadas por la guerra que por las balas o la metralla.

Los combates empobrecen rápidamente los lugares pobres. Una guerra civil típica de cinco años reduce los ingresos per cápita en una quinta parte, según estima Christopher Blattman, de la Universidad de Chicago, en su libro “Why We Fight”. Por eso es alarmante que las guerras duren cada vez más. A mediados de la década de 1980, la media de los conflictos en curso era de unos 13 años; en 2021 era de casi 20.

Hay varias razones plausibles para ello. En primer lugar, las normas mundiales se están erosionando. Cuando Rusia, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, violó descaradamente la carta fundacional de la ONU al invadir Ucrania, asesinar a civiles y secuestrar a niños, demostró hasta qué punto se han debilitado los tabúes. Cuando China, otro miembro permanente de la UNSC, llamó al Sr. Putin “querido amigo” a pesar de su acusación de crímenes de guerra, confirmó que para algunas potencias mundiales la fuerza hace el derecho. Esto envalentona a los pequeños matones.

En Sudán, por ejemplo, casi nadie ha rendido cuentas por las matanzas masivas durante las diversas guerras del país, ni por las violaciones masivas, ni por la esclavitud generalizada de africanos negros por parte de la élite arabófona del país. El general Burhan y Hemedti fingieron escuchar las demandas populares de justicia tras el derrocamiento de un antiguo dictador, Omar al-Bashir, condenado desde entonces por corrupción. Pero parece poco probable que alguna vez planearan entregar las riendas a los civiles, como se suponía que iban a hacer la semana pasada.

Sin embargo, la impunidad no lo es todo. Hay otros factores que hacen que los conflictos se prolonguen. El cambio climático alimenta las luchas por el agua y la tierra. El extremismo religioso se extiende. La delincuencia organizada agrava la inestabilidad de los Estados más inestables del mundo. Y los conflictos son cada vez más complejos.

El rápido traqueteo de los fusiles tartamudos

Entre 2001 y 2010, unos cinco países sufrieron cada año más de una guerra o insurgencia simultánea. Ahora son 15 (Sudán tiene conflictos en el este, el oeste y el sur). Las guerras complejas son, en general, más difíciles de acabar. No basta con encontrar un compromiso que satisfaga a dos partes; puede ser necesario contentar a decenas de grupos armados, cualquiera de los cuales puede volver a amartillar sus Kalashnikovs si no queda satisfecho.

Las guerras civiles también son cada vez más internacionales. En 1991, sólo en el 4% de ellas participaban fuerzas extranjeras significativas. En 2021 se habían multiplicado por 12, hasta alcanzar el 48%, según un proyecto de investigación del Programa de Datos sobre Conflictos de Uppsala. En la última década, este proceso se ha visto impulsado en parte por la retirada de Estados Unidos de su papel de policía mundial, y las potencias medianas han llenado el vacío. Rusia y Turquía se disputan Libia y Siria; Arabia Saudí e Irán han librado una guerra por poderes en Yemen. En Sudán, Egipto apoya al general Burhan, mientras que Hemedti es amigo de Rusia.

La intromisión extranjera puede ser benigna, como suelen serlo las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, aunque a menudo cometan errores garrafales. Pero las intervenciones de potencias externas con agendas egoístas tienden a hacer que las guerras civiles duren más y cuesten más vidas, según David Cunningham, de la Universidad de Maryland. Los costes para los actores externos son menores -no se destruyen sus propias ciudades-, por lo que tienen menos incentivos para firmar la paz.

El cambio climático agrava el caos. No provoca conflictos directamente, pero cuando los pastos se secan, los pastores llevan su ganado hambriento más lejos, invadiendo a menudo tierras reclamadas por grupos étnicos rivales. Una revisión de 55 estudios realizada por Marshall Burke, Solomon Hsiang y Edward Miguel, de la Universidad de Stanford, concluyó que un aumento de la temperatura local de una desviación estándar aumenta la probabilidad de conflicto intergrupal en un 11% en comparación con lo que habría ocurrido a una temperatura más normal.

En todo el mundo, unos 24 millones de personas se vieron desplazadas por condiciones meteorológicas extremas en 2021, y la ONU espera que esta cifra aumente. En Sudán, unos 3 millones de personas se vieron desplazadas por conflictos y desastres naturales incluso antes de que comenzara la actual ronda de enfrentamientos.

La guerra más sangrienta del mundo el año pasado no fue la de Ucrania, sino la de Etiopía, señala Comfort Ero, directora del think tank Crisis Group. Olusegun Obasanjo, ex presidente de Nigeria que ayudó a negociar un acuerdo de paz en noviembre entre el gobierno y la rebelde región de Tigray, cifró las muertes en 600.000 entre 2020 y 2022. No hay estimaciones tan altas para Ucrania.

Mohammed Kamal, agricultor etíope, estaba arando sus campos cuando oyó disparos. Al regresar a su aldea, descubrió que unos hombres armados habían asesinado a 400 personas, en su mayoría mujeres y niños. “Sólo sobrevivió un pequeño número”, dice.

Incluso si el acuerdo de paz se mantiene, lo cual es incierto, no ayudará a Mohammed. Porque la masacre que presenció formaba parte de un conflicto totalmente distinto, que sigue ardiendo. Mientras las tropas gubernamentales estaban distraídas por la guerra en Tigray, los miembros del mayor grupo étnico de Etiopía, los oromo, revivieron una antigua insurgencia e intentan expulsar a otros grupos étnicos de su región natal. Mohammed afirma que los pistoleros que mataron a sus vecinos pertenecían al Ejército de Liberación Oromo (OLA), un grupo rebelde; sus víctimas eran de la etnia amhara. (OLA niega su implicación).

Si esto suena complicado, en realidad lo es mucho más. Etiopía tiene más de 90 grupos étnicos, muchos de cuyos líderes se ven tentados a atizar el odio para hacerse con el control de una de las 11 regiones de base étnica del país. Acoge a cientos de miles de refugiados de cuatro vecinos turbulentos (Eritrea, Somalia, Sudán del Sur y Sudán). La dictadura vecina (Eritrea) ha enviado ejércitos a luchar contra un gobierno etíope anterior, y brazo a brazo con el actual.

La guerra crea un círculo vicioso. Como las sequías y las inundaciones han devastado las zonas rurales, los jóvenes sin perspectivas se sienten más tentados de coger un arma y hacerse con tierras o saqueos. Los reclutadores rebeldes lo entienden muy bien. Las cuentas de Facebook vinculadas al OLA muestran vídeos de jóvenes combatientes celebrando con montones de dinero en efectivo que han liberado de los bancos. Con tantos combatientes acechando en el monte, secuestrando a comerciantes y asesinando a funcionarios, las empresas huyen de la zona y los servicios públicos empeoran aún más. La población local se siente entonces aún más frustrada y enfadada, sobre todo cuando el Estado responde con represión, como suele ocurrir.

Las santas despedidas

A los países desestabilizados por los malos gobiernos y el cambio climático, el extremismo añade gelignita. Pensemos en el Sahel, una vasta zona árida situada bajo el desierto del Sahara. Cinco países -Burkina Faso, Chad, Malí, Níger y Nigeria (norte)- sufrieron sequías en 2022 y la crisis alimentaria más grave de los últimos 20 años. Casi 6 millones de personas sufrieron también inundaciones. Unos 24 millones de personas en estos cinco países sufren “inseguridad alimentaria” (lo que significa que tienen dificultades para alimentarse). En una sola subregión, Malí, el IRC detectó no menos de 70 conflictos a finales de 2021. La mitad eran por la tierra; un tercio, por el agua. Un séptimo provocó la expulsión de muchas personas de sus hogares.

En este entorno desesperado han entrado en escena grupos yihadistas. Desde la primavera árabe, las filiales de Al Qaeda y (más tarde) del Estado Islámico se han extendido por Oriente Próximo, África y otros lugares. Prometen justicia -como la restitución de tierras de pastoreo robadas- en países donde los tribunales oficiales apenas funcionan. Una vez que se han afianzado, aceleran el colapso de la autoridad estatal. Entre 2020 y 2022, en los cinco países mencionados anteriormente, el número de escuelas cerradas debido a la violencia se triplicó, hasta alcanzar las 9.000. La mitad de los niños de la región no se sienten seguros en la escuela.

En Burkina Faso, grupos yihadistas rivales han convertido gran parte del país en ingobernable. Las ciudades están sitiadas. Los esfuerzos del gobierno por derrotar a los yihadistas a menudo empeoran las cosas. Los camiones que transportan mercancías a las zonas controladas por los yihadistas deben llevar escolta militar, que puede estar disponible o no. Los yihadistas bloquean las carreteras y colocan bombas en los puentes. Todo ello dificulta el comercio y empobrece aún más las zonas remotas. La incapacidad del gobierno para derrotar a los yihadistas enfurece a casi todo el mundo: el país sufrió dos golpes de Estado en 2022.

Una dinámica similar afecta a todo el Sahel. La inestabilidad es contagiosa. Los campesinos desplazados por el cambio climático cruzan fronteras sin señalizar y desencadenan enfrentamientos. Los yihadistas buscan refugio en los países vecinos. Sus ideas se propagan rápidamente por Internet y en las madrazas radicales.

Las potencias occidentales han intentado ayudar, pero han fracasado. En noviembre de 2022, Francia renunció a la Operación Barkhane, una intervención militar para ayudar a los gobiernos de Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger a reprimir a los yihadistas. A principios de año, el nuevo régimen militar de Malí ordenó la retirada de las tropas francesas y acogió con satisfacción la ayuda del grupo mercenario ruso Wagner, que ya ha sido acusado de masacrar a civiles.

Sebastian von Einsiedel, de la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio, sostiene que la expansión de los grupos yihadistas dificulta el fin de las guerras. Sus exigencias son a menudo imposibles de cumplir, sus soldados rasos son fanáticos y los mediadores externos detestan tratar con terroristas.

Sin oraciones ni campanas

Para los grupos rebeldes sin inspiración religiosa, el dinero es motivo suficiente para tomar las armas. Un estudio de James Fearon, de la Universidad de Stanford, concluye que las guerras civiles en las que una fuerza rebelde importante obtiene dinero de las drogas o los minerales ilícitos tienden a durar más tiempo. Y la globalización de la delincuencia ha hecho “más fácil que nunca” para estos grupos hacerse con armas y dinero en efectivo, señala von Einsiedel.

Las fuerzas gubernamentales también suelen ser codiciosas. Entre las razones por las que la guerra del Congo se “autoperpetúa”, según Jason Stearns en su libro “The War that Doesn’t Say its Name” (La guerra que no dice su nombre), está el hecho de que los oficiales cobran una miseria, pero pueden hacer fortunas con la malversación y la extorsión cuando están desplegados en zonas de combate. Los lugareños se quejan del problema del “pompier-pyromane” (bombero-pirómano): hombres fuertes regionales que provocan un incendio para que el gobierno central tenga que negociar con ellos para apagarlo.

Un ejemplo extremo de los vínculos entre delincuencia y conflicto es Haití. En 2021 fue asesinado su presidente, Jovenel Moïse. Nadie sabe quién ordenó el golpe, pero muchos sospechan que está relacionado con el tráfico de drogas. Desde entonces, el país vive sumido en el caos. Las bandas que antes sólo dominaban los barrios marginales controlan ahora gran parte de la capital, Puerto Príncipe. Joe, un director de escuela que prefiere permanecer en el anonimato, describe cómo su escuela recibió una bala en un sobre, con una demanda de 50.000 dólares de dinero de protección para mantener las clases abiertas. “En el acto, tuvimos que cerrar la escuela hasta nuevo aviso”, suspira.

El primer ministro haitiano, Ariel Henry, suplica una intervención militar extranjera para ayudar a la policía a restablecer el orden. Muchos haitianos la acogerían con satisfacción. Ralph Senecal, jefe de una empresa privada de ambulancias, secuestrado en octubre, afirma que sólo las tropas estadounidenses pueden restablecer el orden. Sin embargo, los grupos de oposición haitianos temen que una intervención de este tipo sólo sirva para apuntalar al Sr. Henry, que se hizo con el poder tras la muerte de Moïse y es ampliamente considerado ilegítimo.

Un país de Asia ilustra todos los males que hacen perdurar las guerras civiles. En una vieja granja de madera cerca de la frontera entre Tailandia y Myanmar, Ko Khaht hierve pollo y arroz. Cuando está cocido, lo licua, lo aspira con una jeringuilla y se lo da de comer a su compañero herido, al que le falta parte del cráneo y no puede moverse ni hablar.

Myanmar alberga algunas de las insurgencias más antiguas del mundo, y algunas de las más recientes. Ko Khaht pertenece a las Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF), creadas tras la toma del poder por una junta militar en 2021. Es el brazo armado del Gobierno de Unidad Nacional, un Estado paralelo de activistas, políticos y líderes étnicos que pretende restaurar la democracia. Se unió a él después de ver cómo unos soldados asesinaban a un hombre delante de su casa. Hizo una pequeña maleta y huyó a la frontera tailandesa, donde trabajó en una unidad de desactivación de bombas. Ha perdido la mano derecha y tiene la piel marcada por la metralla.

La lucha en Myanmar es asombrosamente compleja. Unos 200 grupos armados controlan partes del territorio o luchan por derrocar al gobierno. Algunos son ejércitos que buscan la autonomía de grandes grupos étnicos; otros son milicias locales que intentan defender una sola aldea. El país no ha vivido un año sin conflictos desde su independencia en 1948. Sin embargo, incluso en comparación con este pasado violento, las normas se han atrofiado en los dos últimos años. “Hay un nuevo nivel de brutalidad, con el tono establecido desde arriba”, afirma Richard Horsey, de Crisis Group.

En marzo, una compañía que se autodenominó “Columna Ogro” se dejó caer en Sagaing, en el centro de Myanmar. Se dedicaron a matar, violar y torturar. Si el objetivo es aplastar la resistencia, no está funcionando. Los rebeldes dicen que estas atrocidades refuerzan su determinación.

El cambio climático está en juego: la insurgencia ha cobrado fuerza en la zona seca central, empobrecida por la sequía. La delincuencia también da a muchos combatientes una razón para seguir luchando. El ejército está profundamente implicado en el contrabando de heroína y jade, al igual que algunas milicias étnicas. Horsey espera que la guerra “se prolongue durante toda una generación”.

Para los que mueren como ganado

En el mundo no faltan ideas para poner fin a las guerras. Encontrar un mediador respetado. Iniciar conversaciones extraoficiales mucho antes de que los beligerantes estén dispuestos a reunirse públicamente. Incluir a más mujeres y grupos de la sociedad civil en el proceso de paz. Aceptar que cualquier acuerdo de paz será probablemente feo. “Excluir de la política a la gente que no te gusta no funciona”, señala David Miliband, responsable de IRC. Purgar al ejército iraquí de todos los partidarios del régimen de Sadam Husein fue un error, como lo fue intentar construir un sistema en Afganistán sin los talibanes. Pero las medidas más importantes (construir Estados funcionales en países devastados por la guerra, frenar el cambio climático) podrían tardar décadas en aplicarse.

Y los esfuerzos mundiales para promover la paz se ven obstaculizados por el hecho de que dos miembros con derecho a veto del UNSC son violadores seriales de los derechos humanos que se oponen a interferir en los asuntos internos de regímenes salpicados de sangre. Rusia ha utilizado su derecho de veto 23 veces en la última década, frustrando resoluciones para permitir más ayuda a Siria, investigar crímenes de guerra en los Balcanes y (por supuesto) defender la soberanía de Ucrania. China ha emitido nueve. Estados Unidos ha emitido tres, la mayoría para proteger a Israel; Francia y Gran Bretaña, ninguna. Entre 2001 y 2010, cuando las ambiciones imperiales de Putin eran más limitadas y Xi Jinping aún no estaba en el poder, Rusia sólo emitió cuatro vetos; China, dos.

Una propuesta francesa para suspender el veto cuando se produzcan atrocidades masivas fue aprobada por la Asamblea General de la ONU el año pasado, pero no ha pasado la pluma de veto de Putin. El mundo está entrando en lo que Miliband denomina “una era de impunidad”.