México - Gustavo Castro, el mexicano que sobrevivió a un atentado en Honduras en el que murió la ambientalista Berta Cáceres, aseguró este lunes que analiza la posibilidad de demandar al gobierno hondureño por violar sus derechos, y reprochó al gobierno mexicano su inacción para defenderlo.
Castro regresó a México el viernes, casi un mes después del crimen, pues las autoridades de Honduras habían emitido un alerta migratoria en su contra.
"De una manera ilegal, inconstitucional, me prohíben la salida sin determinar tampoco las razones ni cuántas diligencias" había que hacer, dijo Castro durante una conferencia de prensa en Ciudad de México.
"No hay ley de víctimas allá, no hay un reglamento para el mecanismo de protección de derechos humanos, no hay un reglamento para los testigos protegidos, entonces no había ningunas condiciones legales y públicas que garantizaran mi seguridad en un país donde yo había sido testigo de un asesinato", aseguró.
El activista, coordinador de Otros Mundos Chiapas, explicó que, tras la presión internacional y "lo absurdo" de su permanencia en Honduras, las autoridades decidieron, "de un día para otro, sin más explicación que eso", permitirle el regreso a su país.
Sobre la posibilidad de demandar al gobierno hondureño, dijo: "Lo estamos viendo todavía con los abogados, lo estamos analizando".
Castro resultó herido a manos de los atacantes que el 3 de marzo entraron a la vivienda de Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), y la asesinaron a tiros.
La activista tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque había denunciado que la empresa Desarrollos Eléctricos, junto con autoridades militares, policiales y de la fiscalía en Honduras, la amenazaban constantemente de muerte por oponerse, a través de manifestaciones con indígenas del Copinh, a la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque.
El mexicano, que logró escapar de los agresores fingiendo estar muerto, estaba en la vivienda de Cáceres porque al día siguiente participarían en una conferencia sobre proyectos alternativos de generación de electricidad.
- El gobierno de México "miente" -
Castro intentó salir de Honduras cuatro días después del crimen para seguir colaborando con las investigaciones desde México, mediante el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua entre ambas naciones.
Pero un juzgado puso una alerta migratoria para que no pudiera abandonar el país por un plazo de 30 días, que se cumplirían el próximo 7 de abril. Durante ese lapso, estuvo resguardado en la embajada de México.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México "miente cuando hace suponer que 'la comunicación mantenida entre las autoridades de México y Honduras durante todo el proceso refleja el excelente estado de las relaciones que existen entre los dos países (...) así como el compromiso de atender aquellos casos en los que estén involucrados nuestros connacionales", estimó Miguel Angel Mijangos, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería.
Para el activista, también presente en la conferencia, "la retención de Gustavo estuvo siempre enmarcada en la incertidumbre, opacidad e ilegalidad de la actuación del gobierno hondureño (...) y el tratado bilateral de Asistencia Mutua es como si no existiera".
Para Castro, resulta "extraño" que el gobierno mexicano "simplemente prolongara" su estancia en Honduras, una experiencia que calificó de "tortura psicológica".
Por otro lado, Castro aseguró que Nelson García, otro ambientalista de Honduras, también fue asesinado poco después del crimen de Cáceres.
"El asesinato de Berta temo que no vaya a ser el único, porque hay muchos intereses y mucha resistencia de los pueblos", dijo.
