Internacional

Macri afronta costo político tras vetar ley sobre tarifas

BUENOS AIRES  — El presidente argentino Mauricio Macri enfrenta un alto costo político y un escenario de creciente tensión social luego de vetar la ley aprobada por la oposición que frenaba una impopular suba de las tarifas de gas, luz y agua.

Macri vetó el jueves la norma al considerar que su aplicación habría originado un agujero fiscal. La ley fue aprobada en el Senado durante la madrugada con 30 votos en contra y 37 a favor, la mayoría provenientes de senadores peronistas y partidarios de la senadora y expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), principal referente de la oposición. El oficialismo carece de mayoría en la cámara alta.

El mandatario conservador se mostró dispuesto a asumir el costo. “He venido a hacer lo que es bueno para el futuro, no lo que me conviene a mí”, dijo en conferencia de prensa.

“Me gustaría hacer que la plata apareciese con una varita mágica, pero no es así, hay que asumir cual es el verdadero valor de la energía”, sostuvo el presidente.

A su vez afirmó que de haberse aplicado la ley el Estado no habría podido afrontar obras públicas y costear jubilaciones y ayudas a los sectores vulnerables.

Según Macri, el costo fiscal de la norma ascendía a 110.000 millones de pesos (unos 4.330 millones de dólares).

El presidente consideró que la oposición actuó de forma irresponsable y oportunista con la mira puesta en las elecciones generales de 2019 y afirmó que no va torcer su rumbo en materia de reformas.

La ley contemplaba retrotraer las tarifas a noviembre de 2017. También obligaba a las empresas a garantizar crédito a favor de los usuarios si desde entonces y hasta su promulgación hubieran abonado un monto mayor al que habría correspondido.

El alza tarifaria es producto de la eliminación de millonarios subsidios que durante la gestión de Fernández mantuvieron los valores congelados en Buenos Aires y el populoso conurbano pese a una sostenida inflación anual.

Macri dijo que eso producía una inequidad respecto del resto del país que paga mucho más caros los servicios.

Los opositores argumentan que los aumentos son insostenibles en el contexto actual de inflación y con una economía a medio motor.

“Los salarios se han depreciado, el dólar ha detonado, la tasa de interés vuela por los aires y el precio de las cosas también se ha disparado... cuando todo eso se junta con los tarifazos estamos ante un problema muy grave”, afirmó Fernández durante a votación en el Senado.

El veto será publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial.

“Macri está en el ojo de una tormenta perfecta porque la economía está en problemas y la opinión pública no tiene la capacidad de entender profundamente... los compromisos del presidente”, dijo a The Associated Press Roberto Bacman, director del Centro de Estudios de Opinión Pública.

Mariel Fornoni, titular de la consultora Management & Fit, destacó el impacto que supone para la población pagar las tarifas con “negociaciones salariales que quedarán desfasadas”.

El malestar se ha traducido en constantes protestas de organizaciones sociales y sindicatos que presionan para que las subas salariales sean mayores al 15% fijado por el gobierno.

El llamado “tarifazo” ha repercutido en la inflación, que en abril fue de 2,7%, por encima de las previsiones iniciales del Ejecutivo. Economistas creen que la suba de precios este año será igual o mayor a la de 24,8% de 2017.

Los analistas señalan que la campaña para las elecciones generales de 2019 se ha adelantado ante el escenario de crispación y que el peronismo pretende aglutinar el descontento.

Una encuesta de Management & Fit realizada a 2.000 personas a principios de mayo reveló que la inflación es el principal problema para los argentinos y que 54,9% desaprueba la gestión presidencial mientras que 35,1% la aprueba. El sondeo tiene un margen de error de 2,2 puntos porcentuales.

La votación en el Senado se produjo a pocos días de que Argentina fuera sacudida por una crisis cambiaria durante la cual el peso sufrió una fuerte devaluación que condujo al gobierno a solicitar un préstamo al Fondo Monetario Internacional para impedir una crisis económica de mayor magnitud.

En ese marco, un límite al alza tarifaría hubiera ido en contra de su estrategia de lograr un crédito cuyo monto todavía no está definido y que previsiblemente contemplará la exigencia de la reducción del gasto público.