Es imposible pretender la unidad nacional frente a las amenazas del presidente Donald Trump si el gobierno federal no hace un replanteamiento radical de la política exterior y migratoria, pues ha predominado la negligencia en la conducción de la relación bilateral, coronada ahora con el anuncio de imponer aranceles a las exportaciones de México a partir del 10 de junio.
En materia migratoria, es necesario recordar que el gobierno federal subestimó en forma reiterada la magnitud de la crisis humanitaria asociada con la migración centroamericana, así como su impacto en la frontera sur de Estados Unidos y que ahora constituye un asunto de seguridad nacional también para nuestras ciudades fronterizas.
Recientemente, el gobierno federal se prestó a endurecer la política migratoria, como demuestra la persecución y deportación de cerca de 20 mil migrantes hasta marzo pasado, asumiendo, en los hechos, el triste papel de “tercer país seguro” con los miles de migrantes enviados a México en espera de la decisión de las autoridades estadunidenses sobre su destino.
La postura de México se limitó a presentar un plan de desarrollo para Centroamérica, elaborado por la CEPAL, que carece de fondos y enfrenta la indiferencia de Estados Unidos. Por el contrario, el presidente Trumprecientemente retiró la ayuda económica a los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica.
El gobierno federal fue omiso con la amenaza de cierre de la frontera del pasado mes de abril y la posibilidad de imponer aranceles a las exportaciones nacionales de autos. Del mismo modo, guardó silencio frente a los reiterados insultos del presidente Trump y ante la política de separación de las familias de migrantes y las prácticas de confinamiento solitario. La respuesta del Ejecutivo federal se limitó a la retórica de “amor y paz”, mientras, en la práctica, se ejercía una “política de avestruz” que subestimaba el problema migratorio, pero obedecía los dictados de Estados Unidos.
Hoy, la política de la sumisión para evitar la confrontación bilateral llegó a su límite y se impone la necesidad de coordinar una política exterior, comercial y migratoria que conjunte a las fuerzas políticas nacionales, al sector productivo y a la sociedad civil en la definición de una postura de Estado. El Senado de la República podría acompañar al Ejecutivo federal en la conducción de una diplomacia parlamentaria que considere los intereses económicos de EU en la disputa comercial y, eventualmente, participe en la definición de medidas arancelarias compensatorias, en caso de que la amenaza comercial se concrete.
Ante la crisis humanitaria que ya vivimos y las escenas de violencia en las estaciones migratorias, el Ejecutivo federal debe robustecer el aparato institucional (Instituto Nacional de Migración, Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados) y prevenir la intervención del crimen organizado en el tráfico de migrantes.
El eje de la postura mexicana debe ser el equilibrio de intereses rumbo a la ratificación del T-MEC, ante la amenaza del presidente Donald Trump, y la definición soberana de la política migratoria con apego a las leyes nacionales y el derecho internacional humanitario.
Más allá de la retórica presidencial, se trata de recuperar la independencia de la política exterior y reactivar la diplomacia multilateral. Mantener la unidad nacional en torno a los intereses, derechos y libertades de los mexicanos.
*Secretario general del CEN del PRI
