A fin de ampliar el término de la prescripción para imponer sanciones a los servidores públicos en caso de incurrir en faltas a la Ley, los diputados de Movimiento Ciudadano Samuel García y Mariela Saldívar presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

 El coordinador de los diputados dijo que en concordancia con la reforma constitucional en materia anticorrupción buscan que ninguna falta pueda prescribir en menos de 10 años.

   “Desgraciadamente llega tarde, pero ya no queremos más excusas, ya no queremos más blindajes, se tiene que sancionar de manera administrativa con multa, inhabilitación, separación del cargo a todos aquellos que hacen corrupción o cometen negligencia como es el caso de la Administración de Monterrey en la época de Margarita (Arellanes) y actualmente en la época de Adrián de la Garza”, dijo.

 Expresó que lamentablemente algunos casos de corrupción ya prescribieron debido a la ley actual, por lo que es necesario ampliar el termino de prescripción  y puedan ser sancionados aquellos servidores públicos que cometan alguna falta.

  Con la iniciativa se busca reformar por modificación las fracciones I, II y III,  adición de fracción IV y adición de último párrafo al artículo 92 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León para quedar como sigue:  El ejercicio de las facultades para imponer las sanciones que esta Ley prevé, prescriben: En dos años, si el lucro obtenido o el daño o perjuicio causado por el infractor no excede de quince veces la unidad de medida y actualización (UMA); o si la responsabilidad no pudiese ser cuantificada en dinero; en cinco años, si el lucro obtenido o el daño o perjuicio excede a quince veces la unidad de medida y actualización (UMA) y el incumplimiento a cargo del servidor público no es considerado grave.

  En diez años, si el incumplimiento de las obligaciones a cargo del servidor público es considerado grave; y en doce años, cuando el daño o perjuicio causado por el infractor provoque lesiones graves o la muerte en una o varias personas.

 Se considerará falta administrativa grave, cuando el servidor público incurra en alguna de las  faltas administrativas graves de los Servidores Públicos que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Por su parte Mariela Saldívar dijo que se busca además que se actúe con mayor diligencia en  el cumplimiento de los servicios y evitar cualquier omisión o responsabilidad.

   “Cualquier omisión grave que cause algún daño de cualquier tipo, tanto al patrimonio como a la comunidad debe ser castigada”, agregó.