15/12/2018
Nacional

Defienden PRI, PAN y cúpula empresarial, Ley de Seguridad Interior

La Ley de Seguridad Interior le dará garantías a las Fuerzas Armadas. Es un reconocimiento a la labor de auxilio que hacen en seguridad interior que se suma a la de seguridad nacional, “no de una función de servicio de vigilancia ni tampoco de las que les corresponden a los Estados y Municipios. El Ejército no va a atender la seguridad pública. Esa corresponde a los policías”, consideró el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, del Senado de la República, Enrique Burgos García (PRI).   

 La Ley de Seguridad Interior no es alternativa a la Reforma Policial. Solo se podrá utilizar a las  Fuerzas Armadas en caso de terrorismo, alteración a las instalaciones estratégicas y contra la delincuencia organizada. Es un modelo que cuida específicamente el andamiaje en materia de seguridad nacional.

  Esta Ley, simplemente establece las condiciones y reglas que debe seguir el Presidente de la República cuando dispone de las Fuerzas Armadas para auxiliar y colaborar con las entidades federativas que están bajo alguna situación que afecte las condiciones de tranquilidad y de normalidad institucional, afirmó el senador Roberto Gil Zuarth (PAN).

  El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) destacó en un comunicado que la aprobación de la iniciativa, que da "certidumbre jurídica" a la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico y a la inseguridad, es un "primer paso" para avanzar en materia de seguridad.

  La participación de los militares "en tareas de seguridad ajenas a la defensa nacional no deben ser normalizadas, sino eficazmente reguladas", a fin de proteger "los derechos de los ciudadanos y también los de las fuerzas del orden", destacó.

  La iniciativa establece que la aplicación de la ley le corresponderá a las fuerzas estatales y federales, y que solo "cuando la gravedad de la situación lo amerite y como último recurso del Estado, a las Fuerzas Armadas".

  Su intervención estará sujeta a una temporalidad específica que no excederá de un año y únicamente podrá ser extendida por acuerdo presidencial si subsisten las amenazas que la motivaron.

  Además, precisa que las movilizaciones de protesta social o de carácter político-electoral "que se realicen pacíficamente" bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior.

 "Esperamos que los legisladores logren también las reformas pendientes para establecer un pleno Estado de derecho y permitir un mayor crecimiento económico", señalaron.

os empresarios hicieron un exhorto al Senado para que apruebe sin dilación el proyecto legislativo en el actual periodo ordinario de sesiones.

 

 

El CCE destacó la necesidad de seguir fortaleciendo el Estado de derecho, ya que es "una condición indispensable para alcanzar el desarrollo" y un crecimiento económico sostenido y más acelerado.