Ley General de Ví­ctimas (LGV) significa un adelanto en la legislación mexicana de la mayor importancia, ya que tiene un perfil humanista y progresista, que permite a las ví­ctimas acceder inmediatamente a las medidas de apoyo y de reparación integral, y establece una estructura orgánica funcional para ello, afirmó la presidenta de la Comisión de Gobernación, senadora Cristina Dí­az Salazar.

Al presentar el dictamen del proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Ví­ctimas, la legisladora priista subrayó que se tiene una ley actualizada que atiendee efectivamente la problemática de las ví­ctimas, y dota de herramientas claras a las instituciones encargadas de atenderlas, a fin de garantizar que las ví­ctimas recuperen su proyecto de vida.

Al destacar el trabajo coordinado de los senadores con los colectivos de ví­ctimas, sus familias y ONG´s para construir la LGV, la senadora Cristina Dí­az dijo que hay reglas claras como la obligación de las entidades federativas de crear fondos de ayuda especí­ficos y hay un blindaje el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades de los estados por si fuera el caso de que sean omisos en la creación de las Comisiones Ejecutivas.

Si incumplieran, precisó, estarí­an sujetos a las sanciones de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así­ como de que en ese espacio las secretarí­as generales de Gobierno sean las que asuman la responsabilidad de atención a las ví­ctimas.

La senadora por Nuevo León dijo que con el nuevo instrumento jurí­dico se crea una nueva estructura orgánica de la Comisión Ejecutivo de Atención a Ví­ctimas, con lo cual desaparecen los comités con excepción del interdisciplinario evaluador, cuya función principal será elaborar los proyectos de reparación de daño. Esto contribuirá –agregó- a eficientar la investigación y la generación de polí­tica pública al concentrarse en una sola área.

Ante el pleno del Senado de la República, indicó que la Comisión Ejecutiva podrá proporcionar recursos de ayuda, así­ como la compensación subsidiaria a ví­ctimas del fuero común cuando el estado lo solicite por no contar en el momento con la disponibilidad prespuestaria para su otorgamiento.

Además, en armoní­a con el nuevo Sistema de Justicia Penal, se reforma la ley para fortalecer la actuación del asesor jurí­dico y otorgar a las ví­ctimas el rol que le corresponde en la procuración e impartición de justicia garantizando el debido proceso en igualdad de condiciones y hacer valer los derechos de las ví­ctimas.

También, se establece que para procurar hacer efectivos cada uno de los derechos y garantí­as de la ví­ctima, en especial el derecho a la protección, la verdad, la justicia y a la reparación integral, podrá contar de manera inmediata y prioritaria con servicios de atención médica y psicológica, trabajo social y aquellas que considere necesarias.

Y, se amplí­an también los criterios de representación del asesor jurí­dico para que cubra no sólo el procedimiento jurisdiccional en materia penal, sino cualquier procedimiento de carácter jurisdiccional o administrativo que derive de un hecho victimizante, entre otras reformas planteadas a la Ley General de Ví­ctimas, remarcó la senadora Cristina Dí­az.

Mi profundo reconocimiento a la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; a mi compañero y amigo también, Fernando Yunes, presidente de la Comisión de Justicia; a mi estimada compañera y amiga Graciela Ortiz, presidenta de Estudios Legislativos. Y sin duda, el reconocimiento a nuestros secretarios técnicos, su trabajo tiene un alto valor para todos nosotros.

Manifestó que con el nuevo instrumento jurí­dico, se responde a la exigencia y demanda de las ví­ctimas, compromiso permanente del gobierno federal y el presidente Enrique Peña Nieto.