La amenaza de cierre de la frontera norte por parte de la administración del presidente Donald Trump, así como la acusación de que México no hace nada frente a la crisis humanitaria que representa el flujo migratorio que proviene principalmente de Centroamérica, son ejemplos recientes de la negligencia del gobierno federal en el ámbito de la política exterior y, en particular, frente a Estados Unidos.

 La postura omisiva del Ejecutivo federal ha llegado al límite del absurdo frente a las graves amenazas y acusaciones del gobierno estadunidense, en especial cuando la política de México ha sido de sumisión frente a la exigencia de cumplir la función de “tercer país” en el que los migrantes centroamericanos esperan ser atendidos por las autoridades migratorias de Estados Unidos, así como ante la presión para suspender las visas humanitarias y desplegar una política de contención del flujo migratorio –según la vaga declaración de la titular de la Secretaría de Gobernación–.

 La política del “Sí señor, lo que usted ordene” es indignante para el interés nacional de México y la capacidad de decisión autónoma del país. El resultado lo tenemos a la vista: una crisis humanitaria que ha rebasado a las autoridades federales, estatales y municipales en ambas fronteras del país, un nuevo tratado comercial trilateral con firma, pero sin vigencia y convertido ahora en un instrumento adicional de presión bilateral y la permanencia de los aranceles a las exportaciones nacionales de acero y aluminio. Todo ello, a cambio de nada.

 Nada porque, además, la administración Trump ha anunciado la reducción de la asistencia bilateral que actualmente otorga a Honduras, Guatemala y El Salvador, con lo cual el plan de desarrollo de la región con el financiamiento de Estados Unidos y de México se cae por la borda, si es que alguna vez este proyecto de la diplomacia mexicana pasó del papel y de las buenas intenciones. El enfoque mismo que dice sustentar la política de desarrollo económico regional como forma de prevenir y controlar el flujo migratorio muestra que su alcance es, en todo caso, de mediano plazo y que resulta inoperante para resolver la actual crisis humanitaria.

 Todo lo anterior no causa sorpresa cuando recordamos la máxima del Ejecutivo federal de que la mejor política exterior es la política interna, una fórmula que ni define ni orienta y denota pereza e ignorancia, pero que ha sido el pretexto para eludir cualquier planteamiento en materia de política exterior. Con semejante fórmula, a una agresión se responde con la otra mejilla y luego la otra; el mundo no existe y la política internacional es una fuente de peligros y no de oportunidades.

 La consecuencia de esta política exterior de avestruz y temerosa frente a Estados Unidos es la subordinación del interés nacional, el desprestigio de la política exterior y del servicio diplomático y el aislamiento de México.

 Los efectos no sólo son en el ámbito de la política exterior, sino también en la economía mexicana. El eventual cierre de la frontera y la cancelación o complicación de la aprobación del T-MEC en los Estados Unidos serían catastróficos para los estados del norte del país, que, de forma cotidiana, mantienen una relación de intercambio comercial promedio de 1.4 mil millones de dólares por día; en el resto del territorio los estragos también serían muy graves, pues se desplomaría la inversión privada, generando desempleo y devaluación sin precedentes en los últimos años.