El ejército puso fin a la frágil transición democrática del país el lunes, imponiendo el estado de emergencia por un año y deteniendo a Aung San Suu Kyi y a otros dirigentes de su partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND).

La líder de 75 años, que se cree que se encuentra bajo arresto domiciliario en la capital, Naipyidó, según su movimiento, ha sido acusada de haber violado una norma comercial.

Este jueves, cientos de partidarios del ejército se reunieron en la capital. “No queremos más traidores nacionales vendidos a países extranjeros” y “Tatmadaw [las fuerzas armadas] ama a la gente”, podía leerse en las pancartas.

No lejos de allí, 70 diputados de la LND firmaron un “compromiso para servir al pueblo” y organizaron una sesión parlamentaria simbólica para denunciar la toma de control del parlamento.

En las calles se multiplican las señales de resistencia contra el golpe de Estado, condenado por la ONU y muchos gobiernos occidentales.

En Mandalay (centro), tuvo lugar una pequeña manifestación con pancartas que decían “¡Protesta del pueblo contra el golpe de Estado militar!”. Cuatro personas fueron detenidas, según medios locales. La AFP no pudo confirmar esa información ante la autoridades.

El miedo a las represalias persiste en este país que ha vivido bajo la dictadura militar durante casi 50 años desde su independencia en 1948.

En Rangún, la capital económica, los habitantes hicieron sonar las bocinas y armaron un estruendo golpeando cacerolas por tercera noche consecutiva. Algunos coreaban: “¡Viva Madre Suu!” (Aung San Suu Kyi).

Los abogados protestaron con lazos rojos con los colores de la LND y hacían el saludo con tres dedos, un gesto de resistencia adoptado por activistas prodemocracia en Hong Kong o Tailandia.

Los profesionales sanitarios también se sumaron a la protesta.

En Facebook, una red social muy popular en el país, se crearon grupos que piden “desobediencia civil”.

La compañía estadounidense informó el jueves que algunos de sus servicios estaban “perturbados” y exhortó a las autoridades a “restablecer la conexión”, declaró a la AFP una portavoz de la plataforma.

Las autoridades militares ya habían emitido una advertencia a la población para que no dijera ni publicara nada que pudiera “fomentar disturbios o una situación inestable”.

Negociaciones en la ONU

El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que haría cuanto pudiese para que la comunidad internacional “ejerza suficiente presión” sobre Birmania para garantizar un “fracaso” del golpe de Estado.

Por su parte el Consejo de Seguridad expresó su “profunda preocupación” y pidió “la liberación de todos los detenidos”.

Sin embargo, China y Rusia se opusieron en el seno del máximo órgano de la ONU a una condena explícita del golpe de Estado.

Pekín sigue siendo el principal respaldo de Birmania en la ONU. Durante la crisis de los rohinyás, obstaculizó todas las iniciativas al considerar ese conflicto un asunto interno birmano.

De su lado, Estados Unidos está evaluando “sanciones específicas” contra entidades que canalizan apoyo financiero a los militares de Birmania, dijo el asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, Jake Sullivan.

La Unión Europea también planea nuevas sanciones contra el país.

Ambición personal

El jefe del ejército birmano, Min Aung Hlaing, que ahora concentra la mayor parte del poder, justificó el golpe de Estado alegando que hubo fraudes masivos durante las elecciones legislativas de noviembre.

Los comicios, en los que se impuso por una aplastante mayoría la LND, transcurrieron sin problemas, según observadores internacionales.

Min Aung Hlaing, un paria a nivel internacional desde la crisis de los rohinyás, también derrocó a la dirigente por ambición política personal, añaden esos expertos.

Los militares acusan a la Premio Nobel de la Paz de 1991 de violar una ley birmana de importación y exportación, informó la LND, después que las autoridades encontraran walkie-talkies no registrados en su casa.

Y al expresidente Win Myint lo acusan de haber violado la ley de gestión de catástrofes del país por incumplir las medidas contra el coronavirus.

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