México - La primera llamada de alguien que dijo pertenecer al cártel de las drogas de la Familia Michoacana llegó en febrero de 2015.

“Dijeron que sabían quién era yo y dónde vivía”, recordó Alberto Arredondo, un técnico de bombeo que recibió la llamada telefónica en su trabajo, una refinería de petróleo en Salamanca, en la zona central de México. “Querían información”.

Al principio, Arredondo colgó. “Pero fueron insistentes”, dijo, llamando de nuevo y exigiendo detalles sobre cuándo se bombearían los combustibles y a través de qué ductos.

Durante los siguientes dos años, dijo Arredondo, fue perseguido, secuestrado, golpeado con una pistola y apuñalado tan severamente que los cirujanos le extirparon la vesícula biliar. En diciembre del 2016 se fue a Canadá, donde busca asilo huyendo de las pandillas que roban combustible de Salamanca y otras cinco refinerías operadas por Pemex, la petrolera estatal.

El robo de combustible se está convirtiendo en uno de los dilemas económicos y de seguridad más acuciantes de México, que socava más de 1,000 millones de dólares en ingresos anuales del Estado, aterroriza a empleados y frena la inversión privada en refinerías que el Gobierno esperaba que estuvieran prosperando con capital extranjero.

Debido a la campaña del Gobierno contra los narcotraficantes en los últimos años, los cárteles de la droga mexicanos se han fragmentado y están sedientos de nuevas fuentes de ingresos.

Ahora, su papel cada vez más dominante como ladrones de combustible enfrenta cara a cara a dos de los negocios más grandes en el país: las drogas y el petróleo.

Los cárteles, que el Gobierno estima generan más de 21,000 millones de dólares al año, son una amenaza creciente para Pemex, que en 2016 tuvo ingresos cercanos a 52,000 millones de dólares y genera casi una quinta parte de los del Gobierno.

“El negocio es más rentable que el tráfico de drogas porque implica menos riesgo”, dijo Georgina Trujillo, diputada del partido gobernante que lidera la comisión de energía de la cámara baja, tratando de explicar la lógica de los criminales.

“No tienes que arriesgarte a cruzar la frontera para buscar un mercado”, agregó. “Todos consumimos gasolina. No todos consumimos drogas”.

Pemex no respondió a preguntas detalladas de Reuters sobre los cárteles y el robo de combustible. Reuters preguntó sobre el impacto de los cárteles en las refinerías, las medidas de seguridad de Pemex y cómo la empresa responde a la extorsión y la violencia contra sus empleados.

Un funcionario de alto nivel de la división de refinación, que pidió no ser identificado, dijo: “Nos preocupa la influencia del crimen organizado”. Pero no quiso discutir el tema a fondo.

El robo de combustible no es nuevo o exclusivo de México. Sin embargo, los cárteles lo están llevando a una preocupante nueva dimensión y, en el proceso, aumentando sus ganancias.

“El robo de combustible hace a estos grupos más poderosos”, dijo un funcionario de alto nivel de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por su sigla en inglés), que pidió el anonimato.

Al enfocarse en las refinerías, que ya sufren de falta de inversión, los delincuentes más notorios de México logran acceso a centros neurálgicos responsables de gran parte del suministro de combustible del país.

Eso amenaza a una industria petrolera que representa alrededor del 8 por ciento de la economía de México y crea aún más incertidumbre para un país que enfrenta las amenazas de Estados Unidos de desmantelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

“Es un daño al patrimonio nacional, es un daño a la seguridad nacional, es un inhibidor a la reforma y el desarrollo del mercado de energía en México”, dijo Gustavo Mohar, un exfuncionario mexicano del sector de energía y de inteligencia.

Entre 2011 y 2016, el número de tomas ilegales descubiertas en la red de combustible de México casi se quintuplicó, según un informe reciente del auditor federal. Los costos de reparación subieron casi diez veces a 1,770 millones de pesos (95 millones de dólares).

Un estudio de mayo, encargado por el regulador nacional de energía y obtenido por Reuters a través de una solicitud de información, descubrió que entre 2009 y 2016 los ladrones perforaron los ductos casi cada 1.4 kilómetros (km) a lo largo de la red de ductos de unos 14,000 km de Pemex.

Después de décadas de mantenimiento deficiente, las refinerías no sólo pierden combustible, también están perdiendo dinero. Además de apagones no programados que causan grandes pérdidas operativas, los problemas de mantenimiento han provocado accidentes fatales, incluidos incendios y explosiones.

En conjunto, las refinerías han acumulado pérdidas operativas anuales de 5,000 millones de dólares en los últimos años. Mientras tanto, la producción de refinados ha caído a poco más de 700,000 barriles por día en 2017, cerca de la mitad de los niveles de producción de las refinerías en su pico de 1994.

La reforma energética del 2014 fue una iniciativa económica histórica del presidente Enrique Peña Nieto que puso fin a más de siete décadas de monopolio de Pemex en el sector petrolero.

También eliminó gradualmente subsidios que mantenían el combustible a precio bajo llevando a que los precios en las gasolineras subieran alrededor del 25 por ciento en promedio desde 2014, a pesar de que los precios mundiales del petróleo cayeron hasta un 75 por ciento en ese período.

Los precios más altos buscaban atraer compañías petroleras extranjeras y a otros inversores privados pero también sedujeron a criminales, que afectaron a las gasolineras vendiendo el combustible robado a precio de descuento.

Usando su habitual amenaza narco de “plata o plomo”, las bandas extorsionan a trabajadores de las refinerías para obtener información crucial. Sus tácticas, sumadas a las peleas entre grupos rivales por el acceso al mercado, han llevado a una escalada de la violencia en ciudades como Salamanca, que alberga un tercio de las tomas clandestinas descubiertas en 2016.

Cadáveres mutilados de trabajadores de refinerías, de policías y de supuestos ladrones de combustible aparecen cada vez más frecuentemente en esa ciudad, aterrorizando a sus 260,000 residentes. Los cárteles suelen adornar Salamanca con “narcomantas”, pancartas para marcar su territorio o con amenazas espeluznantes a sus rivales.

En el estado de Guanajuato, donde se ubica Salamanca, los investigadores abrieron 1,096 casos de asesinatos el año pasado, 14 por ciento más que en 2016 y un 71 por ciento más que en el 2013, el primer año completo de Peña Nieto en el poder.

Las entrevistas con Pemex y funcionarios de seguridad mexicanos, autoridades en Guanajuato y locales afectados por el robo de combustible describen una situación cada vez más desesperada para la industria y para la economía regional.

Las entrevistas con el extécnico de bombeo Arredondo, y Juan, un miembro del cártel y asesino confeso que se convirtió en informante federal, muestran el alto costo infligido a las personas en ambos lados del problema.

Juan, cuyo apellido Reuters aceptó no divulgar porque sigue siendo un informante, ya no está en Guanajuato. El Gobierno cree que sus aportes son creíbles y han sido corroborados, según un funcionario de alto rango de seguridad federal.

“NO PASES POR SALAMANCA”

La refinería de Salamanca, la segunda más vieja en operación en México, fue inaugurada el 30 de julio de 1950.

Fue parte de una jugada nacionalista de México, 12 años después de que el gobierno expropiara activos petroleros al sector privado y creara Pemex para cimentar su poder económico e industrial.

Erigida en Guanajuato por su ubicación geográfica en el centro del país, con fácil acceso a la Ciudad de México y a lugares remotos por igual, la refinería se convirtió en un símbolo de progreso y colocó a Salamanca, antes una ciudad agrícola en medio de un mar de campos de sorgo, en el mapa.

Sin embargo, rápidamente se asociaría a Salamanca y la refinería con algunos de los riesgos más letales del negocio petrolero. José Alfredo Jiménez, un legendario compositor e intérprete de música tradicional ranchera mexicana, escribió una famosa canción después de que un hermano suyo muriera tras enfermarse en la refinería en 1953.

“Camino de Guanajuato”, como se llama la pieza, lleva a lugares donde “la vida no vale nada”, dice la canción. “No pases por Salamanca que allí me hiere el recuerdo”, continúa.

La refinería creció hasta dominar la economía local, con su fortuna ligada a los altibajos de la industria petrolera mexicana. Aunque los ladrones tenían en mira los ductos que iban hacia la refinería o salían de ella, rara vez causaron pérdidas importantes.

En los últimos años, eso cambió.

Una banda en particular de “huachicoleros”, como se les conoce a los ladrones de combustible, domina ahora el negocio ilícito.

Presuntamente dirigida por un local, José Antonio Yepez, la banda es conocida como el cártel de Santa Rosa de Lima, el nombre de un pequeño pueblo a 60 km al este de Salamanca.

Yepez, apodado “El Marro”, es buscado por autoridades federales y es sospechoso de delitos que van desde el narcotráfico hasta el robo de combustible. Poco se conoce públicamente de él o de su organización y Reuters no pudo contactarlo para comentarios.

Juan, el informante, cuyo relato sobre la organización no se ha reportado antes, dijo que se unió a la banda en 2013.

Originario del vecino estado de Jalisco, ganaba 600 pesos (32 dólares) a la semana como empleado cuando un amigo lo llamó por teléfono para hablarle de un trabajo en Guanajuato que pagaba mucho más.

Ese abril, relató Juan, se mudó a la ciudad de Villagrán, unos 25 kilómetros al este de Salamanca. Al principio trabajó como vigilante para la banda, ganando 5,000 pesos semanales a cambio de avisar cuando soldados y policías federales merodeaban la zona.

Pero poco después, pasó a llenar los gigantescos camiones cisterna de 60,000 litros en un rancho llamado “El Caracol”, que estaban conectados a través de una manguera enterrada a un ducto ubicado a tres kilómetros de distancia.

El jefe de recolección de combustible, conocido como Fito, se jactó ante Juan y la banda de sus contactos en la refinería y sus habilidades únicas para hacer tomas clandestinas.

Mientras otros recolectores simplemente drenaban el combustible cerca de la tubería, Fito alineó una manguera a lo largo de la parte inferior del ducto, la enterró lejos y luego lo llevó bajo tierra al rancho.

La técnica hizo que las tomas fueran difíciles de detectar, permitiendo a la banda ordeñar ductos continuamente. Una toma funcionó por años antes de ser detectada, se jactó Fito.

Para finales de 2013, el equipo de “El Marro” enfrentaba la competencia de otros, dijeron Juan y funcionarios federales de seguridad. Los intrusos incluyeron a grandes grupos criminales como Los Zetas, Los Caballeros Templarios y un cártel sucesor conocido como La Familia Michoacana, al que la gente que extorsionó a Arredondo aseguró pertenecía.

Para disuadirlos, “El Marro” armó una milicia.

“El Puma”, un lugarteniente de “El Marro”, reclutó a Juan por la fuerza. “Ahora eres uno de los nuestros”, le dijo “El Puma” según recordó Juan. Le dio un arma a Juan y le dijo que la primera orden era combatir una banda formada por bandidos reclutados en la lejana costa del Pacífico.

“El Marro” dijo a su banda que ellos tenían la ventaja en su propio territorio, recordó Juan. “No hay perro bravo fuera de su casa”, dijo “El Marro”.

Juan dijo que él y otros miembros de la milicia mataron a seis de sus rivales. Más tarde, un grupo de Zetas se acercó a El Marro y exigió tres pesos por cada litro de combustible que robara. “El Marro” organizó una reunión con los Zetas.

Pero antes de que la reunión pudiera comenzar, Juan y sus colegas emboscaron a 13 rivales, los mataron y los enterraron en una fosa común en una región a la que llaman el “Triángulo de las Bermudas”. En total, Juan dijo que mató a 30 personas.

Reuters no pudo verificar de manera independiente las afirmaciones de Juan.

El funcionario federal de seguridad de alto nivel dijo que los detalles y el alcance de los eventos que Juan describió son consistentes con el baño de sangre alrededor de Salamanca.

Juan, de 55 años, es la mejor fuente de información que tiene el Gobierno sobre el robo de combustible en México, dijo el funcionario.

A medida que crecía la fuerza de la banda, la importancia de “El Marro” también aumentó. Compró tierras, caballos de carrera y encargó canciones a una banda local, una práctica común entre los narcotraficantes para fabricar sus leyendas personales.

En “Triángulo de las Bermudas”, su emblemático “corrido” -como se conoce a ese tipo de canciones- el grupo canta que “la competencia suda y rápido se está acabando, porque el que manda aquí es un marro y con él andan martillando”.

Yepez también armó una nómina que Juan y funcionarios de seguridad del Gobierno dicen incluye a políticos, policías locales, estatales y federales, así como fiscales estatales y federales.

Juan dijo en varias ocasiones que entregó personalmente un pago de 30 millones de pesos a un funcionario para garantizar que las fuerzas de seguridad hicieran la vista gorda ante el robo y la extorsión.

Juan nombró al funcionario al que presuntamente le dio dinero, pero Reuters no pudo verificar el pago de forma independiente. Las autoridades no han acusado al funcionario de ningún delito.

Hacia fines de 2014, la policía rodeó a “El Marro”, a Juan y otros miembros de la banda cerca de la ciudad de Celaya. “El Marro” mantuvo la calma, recordó Juan.

“Voy a hacer una llamada rápida”, dijo el jefe.

La policía los dejó ir rápidamente.

La corrupción entre la policía de Salamanca era tan grave que el Gobierno del estado hace poco despidió a toda la fuerza local y la reemplazó con efectivos estatales de Guanajuato.

La policía estatal dijo a Reuters que las preguntas sobre el incidente que involucró a “El Marro” debían responderlas los fiscales estatales, que no contestaron a las solicitudes de comentarios.

Los sobornos y el robo son posibles debido a las fuentes de la banda en la refinería. “Ahí es donde tenemos todo”, dijo Juan. “Es el cerebro”.

“LES DIJE TODO”

Arredondo, el extrabajador de la refinería, creció en Salamanca y tiene 37 años. Había sido un técnico de bombeo por más de una década cuando lo llamaron los extorsionistas en 2015.

Su trabajo involucraba distribuir gasolina, diésel y turbosina a través de los ductos. Luego de la primera llamada, Arredondo acudió a un gerente que le dijo que no entregase información. Pero lo llamaron otra vez y amenazaron con matarlo; entonces Arredondo cedió y dio detalles de la entrega de diésel.

Ese día, después del trabajo, un motociclista se acercó a Arredondo y le entregó un sobre. “El patrón te manda esto”, dijo el hombre.

Arredondo dice haber rechazado el paquete, pero el mensaje era claro. A pesar de tener salarios como el suyo de 30,000 pesos (1,550 dólares) mensuales, algunos de sus compañeros se volvieron pudientes, comprando costosos autos y relojes y mandando a sus hijos a estudiar al exterior.

Un compañero presumía haber rentado un club nocturno por una noche derrochando dinero en alcohol y en prostitutas para él y sus amigos.

“Estaban dando información”, dijo Arredondo. A mí “nunca me interesaron” esos pagos, dijo.

Después de haber rechazado el sobre, Arredondo buscó bajar su perfil y se cambió de casa. Pero los ladrones querían más.

En febrero de 2016, cuando salía de un supermercado, hombres armados en una camioneta blanca se le acercaron y lo obligaron a subir. Le gritaron, amenazaron con matarlo y lo llevaron a un rancho donde otro grupo lo esperaba.

El líder lo amenazó exigiéndole detalles sobre el equipo de bombeo. “Les dije todo”, comentó Arredondo, explicando los turnos de ocho horas de su equipo, cada uno con cuatro personas.

El jefe del grupo no estuvo convencido; tomó una pistola y golpeó a Arredondo con la culata, abriendo un corte en su frente. Los hombres lo obligaron a volver a subirse a la camioneta y luego lo arrojaron al costado de un camino.

Acudir a la policía estaba fuera de discusión. Dos colegas de la refinería habían sido asesinados y sus familiares comentaron a Arredondo que las víctimas habían informado a la policía sobre las amenazas de los “huachicoleros”.

La policía derivó las preguntas sobre esas muertes a la fiscalía general del estado de Guanajuato. Una portavoz de la dependencia dijo que tenía registros de tres supuestos asesinatos de empleados de Pemex en los últimos años.

Una revisión de Reuters de la prensa local encontró al menos siete presuntos asesinatos de trabajadores de Pemex cerca de Salamanca desde 2012, pero la empresa y autoridades de justicia raramente confirman los detalles laborales de las víctimas.

Las llamadas a Arredondo se intensificaron, ahora directamente a su teléfono celular. Nuevamente informó a sus superiores, pero fueron de poca ayuda, dijo.

Arredondo se mudó nuevamente. Pero los hombres de la camioneta lo localizaron, merodeando fuera de su nueva casa y asegurándose de mirarlo a los ojos.

“Me sentí acorralado”, dijo, y se mudó por tercera ocasión.

El 18 de octubre de 2016, en su cumpleaños número 36, Arredondo fue a un bar. Al salir, un hombre lo apuñaló en el estómago y huyó, sin molestarse en hablarle o siquiera robarle.

Estuvo dos meses en casa de sus padres recuperándose. Un día antes de la fecha planeada para regresar a la refinería fue a su casa, pero los miembros de la banda estaban ahí nuevamente.

“Me di cuenta que esto no acabaría nunca”, dijo.

Arredondo inmediatamente compró un boleto a Canadá, donde había pasado unas vacaciones. La mañana siguiente tomó un autobús a Ciudad de México y abandonó su país esa misma noche.

Arredondo ya no es el único en abandonar Guanajuato.

Antes del aumento de la violencia, la ubicación del estado lo convertía en un centro de manufactura y logística así como en un campo fértil para los negocios. La inversión en Guanajuato, que llegó a un pico de 2,900 millones de dólares en 2015, ahora está cayendo sostenidamente, y se ubicó en niveles de menos de la mitad de esa cifra durante la mayor parte del 2017, según datos estatales.

Hasta un 15 por ciento de los 10,000 negocios en Salamanca han cerrado, dijo Francisco González, líder de una cámara de comercio local. “La refinería y Pemex en general ya no son una bendición para nosotros”, sostuvo.

La refinería está teniendo un bajo desempeño: el año pasado operó a poco más del 60 por ciento de su capacidad y recibió menos financiamiento que en años previos. Aunque Peña Nieto prometió modernizar el sector, los bajos precios del crudo han hecho disminuir las inversiones en las seis refinerías.

El presupuesto de 2017 destinó 18,920 millones de pesos para mejoras a la refinación, menos de la mitad de los 39,770 millones de pesos invertidos en 2014.

Mientras tanto, los esfuerzos para atraer la inversión privada avanzan lentamente.

El mes pasado, Pemex llegó a un acuerdo preliminar con la japonesa Mitsui & Co para terminar de desarrollar y operar la planta coquizadora de la refinería en Tula, un proyecto de 2,600 millones de dólares, según fuentes familiarizadas con la decisión.

Pero autoridades de Pemex buscaron el año pasado otros fondos para refinación de compañías como Valero Energy Corp y Tesoro Corp, según dos personas familiarizadas con esos esfuerzos. Ninguna de las dos empresas estaba interesada.

Mitsui, Valero y Tesoro, que el año pasado cambiaron su nombre a Andeavor, declinaron hacer comentarios.

“No hay incentivos para invertir en el sistema de refinerías en México”, dijo John Auers, vicepresidente ejecutivo de Turner, Mason & Company, una consultora global de refinación aduciendo “crimen organizado y corrupción”.

El reporte encargado por el regulador del sector en México dice que hay culpas dentro y fuera del sector. “El problema es la corrupción, no sólo en la seguridad y los servicios judiciales, sino también dentro de Pemex”, dice.

En pronunciamientos públicos, Pemex ha prometido combatirla. En octubre, la empresa dijo en un comunicado que había despedido a un número no aclarado de empleados por actividades ilegales no especificadas en el centro de almacenamiento y distribución de Salamanca, sin dar mayores detalles.

“Lo que estamos empezando a ver es que nos acercamos al fin”, dijo recientemente a legisladores el exdirector de Pemex, José Antonio González Anaya, refiriéndose a lo que llamó victorias contra los huachicoleros.

A finales de noviembre, Peña Nieto nombró a González Anaya secretario de Hacienda y anunció un nuevo director en Pemex.

Pero pocos en Salamanca ven una solución al problema. La policía incauta cada vez más vehículos, incluyendo autobuses escolares, ambulancias y camiones de reparto improvisados para transportar combustible robado.

“El Marro”, a la ofensiva después de las continuas incursiones por parte de bandas rivales, difundió un video en YouTube en el que lanza amenazas y promete perseguir a los miembros del cartel Jalisco Nueva Generación.

Detrás de él, alrededor de 70 hombres con rifles automáticos lo aclaman mientras vacían sus cartuchos al aire.

Juan, el expandillero, dijo que encontró recientemente la religión y una novia, quien tuvo un hijo en 2016. Dejó el grupo delictivo a inicios del año pasado y buscó a las autoridades.

Arredondo, por su parte, está en búsqueda de asilo.

En junio, la junta de migración y refugiados de Canadá negó su petición inicial. A pesar de llamarlo “un testigo altamente creíble”, el panel recomendó que regrese a México sugiriendo dos ciudades donde La Familia Michoacana no tiene presencia.

Una portavoz de la junta de refugiados dijo que no podía hacer comentarios sobre solicitudes puntuales de asilo.

Arredondo apeló la decisión y tiene “una buena oportunidad” dijo Christina Gural, su abogada canadiense. Por si acaso, Arredondo busca posibilidades de asilo en otros países, como Australia, Noruega y Finlandia.

“No puedo volver a Salamanca”, dijo.