CIUDAD DE MEXICO - La editorial Random House y la periodista Carmen Aristegui denunciaron el jueves un intento de censura al libro "La Casa Blanca de Peña Nieto", una investigación periodística sobre una lujosa propiedad de la esposa del presidente comprada a empresarios que obtuvieron importantes contratos de obras públicas.
Joaquín Vargas, presidente del grupo de comunicación MVS interpuso una demanda por "daño moral" contra Aristegui y la editorial a la que solicitó retirar el prólogo del libro firmado por la prestigiosa periodista mexicana y que se le ofrezca una disculpa pública.
Para el director editorial de Random House, Ricardo Cayuela, la demanda es algo totalmente "inédito" y un acto de "censura" a una parte del libro que la propia casa editorial solicitó a la periodista para contextualizar una "investigación ejemplar".
Hay "un tufillo de inquisición" y de "totalitarismo" cuando "se pretende prohibir un prólogo", dijo Aristegui, quien exigió que cese el acoso y la persecución de los periodistas independientes que lo único que quimeren es trabajar en libertad.
El libro, firmado por Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta y Sebastián Barragán, todos colaboradores de Aristegui y del que se han vendido 15.000 ejemplares, denuncia un conflicto de intereses cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México (2005-2011), justo antes de llegar a la presidencia.
Debido al escándalo que provocó el caso el propio mandatario pidió el lunes perdón a los mexicanos y aseguró que aunque no violó ninguna ley cometió un "error" por generar una percepción de corrupción.
"En carne propia la sentí, sí, la irritación de los mexicanos, la entiendo perfectamente; por eso con toda humildad les pido perdón, les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio y la indignación que les causé", declaró Peña Nieto.
Para Aristegui, estas palabras son una incongruencia. "En México el presidente pide perdón por la Casa Blanca y a los periodistas que la investigaron se los acosa judicialmente (...) se pretende imponer una mordaza para expresar nuestras ideas. ¿De qué perdón estamos hablando presidente Peña Nieto?", preguntó la periodista.
A su juicio, el prólogo que se pretende censurar "denuncia cuán dócil y cuán sumisa puede ser una empresa de comunicación frente a presiones políticas".
El texto acusa a Vargas de sucumbir a las "presiones y componendas de un poder" al que antes se habían enfrentado con valentía y recuerda que en 2015 su empresa "obtuvo de forma expedita" derechos de retransmisión de contenidos que estuvieron "largamente en litigio".
"Una vez más vemos como los hilos del poder se extienden hasta un empresario de los medios de comunicación que ha sido partícipe de la maquinación para expulsar a todo un equipo " y "desatar una andanada judicial en su contra", añadió Aristegui.
Felipe Chao, vicepresidente de Relaciones Institucionales de MVS, dijo a The Associated Press que la demanda de Vargas "no es censura en ningún sentido" sino la reacción un trato "ofensivo" hacia el empresario al que se acusa de someterse al poder "sin bases ni pruebas" por lo que piden que la periodista se retracte y la editorial suprima el texto objeto de la polémica hasta que el juez resuelva.
La conocida como "Casa Blanca" era una lujosa vivienda que Angélica Rivera compró a plazos a un empresario que obtuvo importantes contratos cuando Peña Nieto gobernaba el estado de México y que se mantenía a nombre de esa compañía.
Después de saltar la polémica, y como recordó Presidencia esta semana, Rivera canceló la compra, con lo que ya no tiene vínculo con la propiedad.
La investigación, de fines de 2014, fue seguida de la salida del aire del programa que la prestigiosa periodista tenía en la emisora de radio MVS y una sucesión de procedimientos judiciales de la empresa contra la profesional.
MVS siempre negó que ése fuera el motivo de suspensión del programa y alegó usos indebidos de la propiedad intelectual de la compañía, pero Aristegui denunció la actuación de la empresa y el caso está ahora en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
AP solicitó el jueves una opinión a MVS pero no recibió respuesta inmediata.
