Francia, Grecia y Portugal se convirtieron en los últimos países europeos en relajar las restricciones relacionadas con el COVID-19 , y las tres naciones relajaron las restricciones de viaje.

Por ejemplo, los turistas vacunados no tendrán que proporcionar una prueba negativa de COVID-19 para ingresar, aunque las personas no vacunadas sí lo harán. Grecia también eliminó los requisitos de las pruebas antes de la salida.

Las autoridades francesas anunciaron esta semana que el país eliminaría el requisito de una prueba negativa de COVID-19 para las personas vacunadas procedentes de países fuera de la Unión Europea.

“Volvimos a solicitar pruebas en diciembre debido a la variante ómicron. En los próximos días anunciaremos que ya no se necesitan pruebas para las personas vacunadas”, dijo Clément Beaune, del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores, a France 2 TV el martes.

La nueva reducción de las normas se produce luego de que Suecia, Noruega, Dinamarca, el Reino Unido, Irlanda y la República Checa eliminaron las normas nacionales contra COVID-19, incluyendo los pasaportes de vacunas en algunos casos.

A inicios de este mes, la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, anunció que el país levantaría todas las restricciones contra el COVID-19 a mediados de febrero.

Marin dijo que el levantamiento de las restricciones debe hacerse de manera gradual, argumentando que la pandemia por COVID-19 todavía representa una “presión relativamente alta” para los recursos hospitalarios. “Por eso quiero que las retiremos lo antes posible”, dijo durante un acto con periodistas, según informó el Helsinki Times.

“Nadie puede saber qué pasará el próximo diciembre. Pero prometimos a los ciudadanos de Dinamarca que solo tendremos restricciones si son realmente necesarias y las levantaremos tan pronto como podamos”, dijo Magnus Heunicke, el ministro de Salud de Dinamarca a CNN, a finales de enero. “Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo”.

Los pasaportes de vacunas contra COVID-19 para restaurantes, bares y otros lugares, así como las órdenes de uso de mascarillas para lugares cerrados, están llegando a su fin en todo el país nórdico, agregó. Dinamarca fue la primera nación de la Unión Europea en levantar todas las restricciones el 10 de septiembre.

A inicios de enero, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunció el fin de algunas restricciones relacionadas con el COVID-19 en Inglaterra, como los pasaportes, órdenes de uso de mascarillas y restricciones laborales. Los gobiernos de Escocia y Gales también anunciaron en ese momento la eliminación de algunas restricciones debido a ómicron, aunque se mantendrán el uso obligatorio de las mascarillas en lugares cerrados y los pasaportes contra COVID.

Días después, los mandatarios de la República de Irlanda anunciaron el fin de los certificados contra COVID-19, distanciamiento social, límites de capacidad y toques de queda.

El Taoiseach (primer ministro irlandés) Micheál Martin, comentó: “Los humanos somos seres sociales y los irlandeses somos más sociales que la mayoría. Mientras esperamos esta primavera, necesitamos volver a vernos. Necesitamos vernos sonreír. Necesitamos volver a cantar”.

El 20 de enero, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo a los periodistas que la Unión Europea debería abordar el COVID-19 de la misma manera que aborda la gripe, ya que los estudios y datos frecuentes han demostrado que la variante ómicron es mucho menos virulenta que las variantes anteriores.

“Lo que estamos diciendo es que en los próximos meses y años vamos a tener que pensar, sin titubeos y según lo que nos diga la ciencia, cómo gestionar la pandemia con parámetros diferentes”, dijo Sánchez el 17 de enero según The Associated Press.

Sin embargo, en Austria, el presidente Alexander Van der Bellen firmó la semana pasada una controvertida ley que introduce una orden nacional de vacunación contra el COVID-19 para adultos que incluye multas. Quienes no tengan comprobante de vacunación o exención se enfrentan a una multa inicial de 600 euros (USD 680) y multas adicionales de hasta 3600 euros (USD 4100). Las personas pueden ser multadas hasta cuatro veces al año y la ley estará en vigor hasta enero de 2024.