Monterrey.- Con la finalidad de hacer más eficiente a la administración pública de Monterrey y atender las demandas más sentidas de la comunidad, el gobierno municipal propuso crear el primer instituto de Protección del Medio Ambiente en la entidad y elevar el rango de la atención ciudadana y la infraestructura vial.

    En sesión ordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de Monterrey aprobó someter a consulta pública ciudadana la expedición del Reglamento de la Administración Pública Municipal, en el que se incluye la creación de dos nuevas secretarías. Además, aprobó someter al Congreso la creación del mencionado instituto.

    Esta normativa, tiene como objetivo organizar y regular el funcionamiento del Gobierno de Monterrey, consta de 139 artículos, 14 capítulos (uno por secretaría) y nueve transitorios.

    El alcalde Adrián de la Garza, explicó que con estas propuestas no se pretende incrementar el número de empleados municipales, ya que se van a conjuntar y reorganizar direcciones, coordinaciones y jefaturas que ya existes a “un tercer nivel”.

    “Muchas de éstas áreas existen y se están acomodando en éstas secretarías, es con la finalidad que una vez, después de que atendimos la estabilidad económica y financiera del municipio estamos reorganizando el mismo para que sea más eficiente.”

    “No vamos a perder esta responsabilidad del gasto que hemos tenido, pero sí tenemos que dar resultado a lo que la ciudadanía está pidiendo” enfatizó el munícipe.

   Síndicos y regidores autorizaron solicitar al Congreso local la creación del organismo público descentralizado denominado Instituto Municipal de Protección al Medio Ambiente de Monterrey, el cual sería pionero en esta materia a nivel municipal en todo el estado. La conformación de esta dependencia también se someterá a consulta ciudadana.

    El Artículo 100, se refiere a una nueva Secretaría de Infraestructura Vial, que se encargará de proponer y ejecutar las políticas públicas en el tema de infraestructura e ingeniería Vial de esta capital, así como establecer medidas de construcción, mantenimiento y reparación de las calles y avenidas, y disponer de señalización para automovilistas y choferes.

   Esta dependencia contaría con seis Direcciones: de Ingeniería Vial y Movilidad; de Vías Públicas; de Daños Municipales; de Señalización y Dispositivos Viales; Técnica y de Proyectos; y Administrativa.

   En el artículo 118, se establece lo relativo a la Secretaría de Inclusión y Atención Ciudadana, la cual se encargaría de diseñar, proponer, promover y ejecutar las políticas públicas en los temas de atención, inclusión social, participación y vinculación ciudadana en Monterrey.

   Entre otras atribuciones, el titular apoyaría a la Secretaría del Ayuntamiento con la canalización y atención de las audiencias del municipio; supervisar el registro de las solicitudes ciudadanas, así como la canalización, seguimiento y atención de las mismas.

    Incluye además la atención a grupos vulnerables y la inclusión social como parte de sus objetivos.

   Contará con siete direcciones que son la de Vinculación Ciudadana; de Atención a Grupos Vulnerables; de Atención a Grupos Religiosos; de Parques Públicos; de Gestoría Social; de Atención Ciudadana; y Administrativa.

   La consulta para la expedición del Reglamento de la Administración Pública Municipal, se realizaría a los 15 días de publicado el acuerdo en el Periódico Oficial de Estado.

    En otro tema, el Ayuntamiento aprobó realizar los días 28 y 29 de marzo, un foro para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo para la administración 2019-2021, en un horario y lugar que están por definirse.

    Así mismo se votó a favor de celebrar un convenio de colaboración administrativa en materia de Derechos de Revisión de Plano a través del Programa de Regularización de Construcción con la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado y el Instituto Registral y Catastral de Nuevo León.

    El acuerdo autoriza a la Tesorería Municipal de Monterrey a recibir los pagos por concepto de derechos estatales dentro del programa “Regularización de Construcción”, mismos que serían transferidos a la cuenta de la Tesorería de Nuevo León.