Argentina - La detención de ex funcionarios kirchneristas y el pedido de desafuero y prisión preventiva para la ex presidenta Cristina Kirchner generaron hoy un fuerte debate interno en el gobierno de Mauricio Macri . Desde esta mañana, predominaron la sorpresa, la preocupación y la cautela por las consecuencias políticas de esas decisiones y por la reacción de los sectores kirchneristas que marcharán hoy a la Plaza de Mayo en defensa de la líder de Unidad Ciudadana.
La postura oficial del Gobierno fue "no opinar sobre la resolución" del juez federal Claudio Bonadio para resguardar la independencia del Poder Ejecutivo respecto del Poder Judicial. Sobre el desafuero, la Casa Rosada aseguró que "es un tema del Senado y no del Gobierno" y que "antes habrá que leer el fallo del juez".
Por lo bajo, los funcionarios descuentan que Cambiemos coincide en el Senado con la "doctrina" del jefe del bloque del PJ, Miguel Pichetto: sólo los senadores con condena firme pueden sufrir el desafuero. Es por ello que, por ejemplo, el ex presidente Carlos Menem sigue en su banca.
En el Gobierno aseguran que los ex funcionarios kirchneristas deberían ir presos, si se encuentran pruebas de actos delictivos, pero con el debido proceso y no con la prisión preventiva. El desafuero a Cristina Kirchner en el Senado está casi descartado en Balcarce 50.
Por otra parte, consultados por LA NACION, altos funcionarios consideraron que, pese a que el procesamiento a la ex presidenta por el delito de traición a la Patria por encubrimiento a Irán en el atentado a la AMIA podría ser correcto, la orden de prisión preventiva y el pedido desafuero parece "un exceso de la aplicación" de las leyes procesales.
En ese sentido, en la Casa Rosada subrayaron que "hoy los jueces toman decisiones sin presiones políticas y en forma independiente, sin intervención del Poder Ejecutivo". Y buscaron descomprimir la tensión: "Será la Cámara Federal la que eventualmente tendrá que resolver sobre el fallo", dijo un funcionario.
Algunos funcionarios oficiales, en estricta reserva, hicieron una distinción: consideraron correcto que Julio De Vido fuera detenido porque la Cámara Federal consideró que podría tener poder de obstrucción sobre la Justicia. Pero señalaron que Carlos Zannini, Luis D'Elía o Fernando Esteche no deberían haber sido detenidos. La Casa Rosada no les asigna ese poder de obstrucción que invoca el juez Bonadio. En esta última categoría también incluyen a Amado Boudou, detenido por el juez federal Ariel Lijo.
En el caso de Cristina Kirhcner es visible en la Casa Rosada la incomodidad que generó la noticia del pedido de desafuero. Es más un problema político que un rédito, justo cuando funcionaban los acuerdos políticos con el peronismo. "Nos parece un exceso", dijo un funcionario, que habló a título personal y no como voz oficial. Pero que tiene una fuerte cercanía al núcleo duro de Macri.
Otra cosa fue la postura oficial. "El Gobierno no opina sobre fallos judiciales. No hay manera de que haya postura oficial, porque es una decisión de la Justicia. Sobre el pedido de desafuero es un tema del Senado y antes deben leer las 600 páginas de Bonadio", dijo a LA NACION un vocero de la Casa Rosada.
Sin embargo, todo parece indicar que el Gobierno, extraoficialmente, coincidiría con el PJ en el Senado: no conceder el desafuero. Por lo pronto, Cambiemos pedirá constituir lo antes posible de la Comisión de Asuntos Constitucionales, nombrar las nuevas autoridades, y analizar desde la semana próxima y con detenimiento el pedido de Bonadio.
El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, de Cambiemos, deslizó su coincidencia con Pichetto, que representa a los gobernadores del PJ. "Es una doctrina correcta en general, pero hay que ver los casos en particular", dijo. Y añadió: "Entiendo que haya mucha ansiedad, pero tenemos responsabilidad institucional y tenemos que discutir esto con tranquilidad. Hay que ver cuáles son los fundamentos del juez para proceder a su pedido".
La cautela y la preocupación obedece también a que si Cambiemos promueve el desafuero de Cristina podría comprometer el acuerdo político con Pichetto y con los gobernadores para avanzar en las reformas estructurales que deben aprobarse en el Congreso, como las leyes de responsabilidad fiscal, el pacto fiscal, las reformas jubilatoria, tributaria y laboral y hasta el presupuesto 2018.
Otro temor es que aquel fallo de la Cámara Federal, que invoca la posible obstrucción de justicia a quienes tienen cargos públicos, derive en una deformación procesal y en el futuro varios jueces procesen y detengan con prisión preventiva a un sinfín de funcionarios de cualquier gobierno.
"No se puede pedir la detención ante cada procesamiento. Sienta un precedente sobre los funcionarios futuros", dijo un funcionario macrista