16/Sep/2024
Local

Busca Waldo Fernández garantizar programas sociales en beneficio de las mujeres

En el marco del 8 de marzo, el diputado local por Morena, Waldo Fernández, presentó una iniciativa la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia también reconozca como violencia institucional el hecho de realizar sin la debida justificación recortes presupuestales o la eliminación de programas sociales cuyas beneficiarias sean mujeres y que estos programas tengan por objeto atender la prevención y erradicación de la violencia; brindar servicios de salud u otorgar algún tipo de apoyo económico.

  “Actualmente la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia sólo reconoce como violencia institucional los actos u omisiones de servidores públicos que discriminen u obstaculicen el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como el acceso a las políticas que buscan prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia” explicó el legislador.

  Su propuesta dice, reconoce que existe una sociedad patriarcal y que ha sido injusta con las mujeres históricamente y por ello, los programas sociales que las benefician son particularmente importantes en el camino hacia una sociedad más equitativa. 

 La iniciativa reforma el artículo 13 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

 

   Artículo 13. La violencia institucional son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de las políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. Asimismo, se considerará violencia institucional el hecho de realizar sin la debida justificación recortes presupuestales o la eliminación de programas sociales cuyas beneficiarias sean mujeres y que estos programas tengan por objeto atender la prevención y erradicación de la violencia; brindar servicios de salud u otorgar algún tipo de apoyo económico.