El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el 4 de noviembre que va a demandar al gobierno de Joe Biden por su “inconstitucional” orden de vacunación a los empleadores, promulgada a través de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA).
La demanda contra el gobierno se presentará ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Undécimo Circuito tan pronto como la “ilegal” norma temporal de emergencia (ETS) de la OSHA esté publicada en el Registro Federal, dijo DeSantis a través de una declaración.
El jueves, la OSHA anunció los detalles del plan que se aplicará a las empresas con 100 o más empleados. También anunció la norma de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) que exige la vacunación de 17 millones de trabajadores sanitarios de los centros que reciben financiación federal.
La Casa Blanca retrasó hasta el 4 de enero de 2022 la fecha límite para que los trabajadores de esos sectores se vacunen completamente, según un alto funcionario de la administración. Esa fecha también se aplica a los contratistas federales.
La administración Biden anunció en septiembre que los trabajadores y contratistas federales deben vacunarse contra el COVID-19. A los contratistas se les dio el plazo hasta el 8 de diciembre para obligar a sus empleados a vacunarse. Los contratistas federales no pueden permitir que sus empleados opten por no hacerlo.
El gobernador dijo que la orden de vacunación tendrá un impacto drástico en las empresas de Florida, tanto públicas como privadas, que reciben millones de dólares en contratos federales anualmente.
“Nosotros empezamos a frenar la propagación (del virus) durante 15 días y ahora uno tiene que vacunarse o pierde su trabajo. Se supone que somos un gobierno de leyes, no un gobierno de hombres. Esta regla de la OSHA tiene 500 páginas de un gobierno de burocracia, un gobierno que está siendo dirigido por edicto ejecutivo, no un gobierno obligado por las restricciones constitucionales”, dijo DeSantis a través de su declaración.
“El Estado de Florida impugnará inmediatamente la normativa de la OSHA en los tribunales porque es incompatible con la Constitución y no está autorizada legalmente a través de los estatutos del Congreso. No hay poder policial federal y el gobierno federal no puede imponer unilateralmente la política médica bajo el disfraz de una regulación en el lugar de trabajo. Los individuos deben tomar decisiones informadas sobre su propia asistencia sanitaria. Es importante defender la capacidad individual de las personas para tomar decisiones por sí mismas. El resultado práctico es que esto va a exacerbar muchos de los problemas existentes que estamos viendo con la economía”, dijo DeSantis.
El gobernador de Florida señaló una serie de “aspectos atroces” en la norma de la OSHA, incluyendo una sección que establece que la OSHA emitirá una norma temporal de emergencia (ETS) si determina que “los empleados están sujetos a un grave peligro por la exposición a sustancias o agentes determinados como tóxicos o físicamente dañinos o por nuevos peligros, y una ETS es necesaria para proteger a los empleados de tal peligro”.
“Si se trata de un ‘peligro tan grave’, ¿por qué se tardó 57 días desde el anuncio del presidente Biden en publicar la norma y por qué no entra en vigor hasta el 4 de enero, otros 60 días?” dijo DeSantis.
DeSantis subrayó que la nueva norma afecta a casi 9000 empleadores de Florida y a 4.5 millones de ciudadanos que ellos emplean, quienes constituyen el 60 por ciento de la fuerza laboral del estado. Según el gobernador, esto costaría 2900 millones de dólares.
“Esta normativa de la OSHA debe ser considerada inconstitucional y Florida será líder en llevar a la administración Biden a los tribunales”, dijo DeSantis.
Alabama, Arizona, Arkansas, Indiana, Iowa, Luisiana, Missouri, Montana y Dakota del Sur también dijeron el jueves que estarán presentando sus demandas contra la orden a contar del viernes.
Los fiscales generales de Ohio, Kentucky y Tennessee también anunciaron sus acciones legales contra la Casa Blanca por la orden de vacunación y presentaron una demanda (pdf) con el propósito de impugnar la nueva regla.
Por su parte, la administración Biden dijo que planea proporcionar “educación y asesoramiento” a los trabajadores federales que no se vacunen antes de la fecha límite, dijo la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Dra. Rochelle Walensky, el 20 de octubre.
“Para el pequeño número de personas que no cumplan con la fecha límite, el primer paso es un período de educación y asesoramiento”, dijo Walensky.
“Es importante recordar que se trata de un proceso y que el objetivo es conseguir que la gente se vacune, no castigarla. Así que las agencias no retirarán a los empleados del servicio federal hasta que hayan pasado por un proceso de educación y asesoramiento”, añadió Walensky.
A su vez el presidente también redobló esta semana las declaraciones en defensa de la orden de vacunación. “Como hemos visto con las empresas —grandes y pequeñas— en todos los sectores de nuestra economía, la abrumadora mayoría de los estadounidenses eligen vacunarse”, dijo Biden en una conferencia de prensa.
“No se han producido ‘despidos masivos’ ni escasez de trabajadores a causa de los requisitos de vacunación. A pesar de lo que algunos predijeron y lo afirman falsamente, los requisitos de vacunación tienen un amplio apoyo público”, indicó Biden.
