En una colaboración anterior revisamos el nivel de endeudamiento del gobierno federal y de pasada, el estatal. Hoy nos enfocaremos al gasto del actual gobierno, el que ha sido, al menos en las obras insignia de esta administración, opaco y con sobrecostos excesivos.

 Dos de estas obras se construyen en el sureste mexicano y otra, el aeropuerto, en el centro del país, lo que sin duda ha generado una derrama económica en aquellas regiones. Sin embargo, estos proyectos han sido cuestionados por su viabilidad, rentabilidad, impacto ambiental y transparencia. Además, han sufrido un considerable sobrecosto que ha elevado su presupuesto original en miles de millones de pesos.

 Uno de los proyectos en cuestión es el Tren Maya, un sistema ferroviario que atraviesa cinco estados en el sureste mexicano y abarca una longitud de 1,554 kilómetros. Inicialmente, el Tren Maya se presentó como una obra destinada a impulsar el turismo, la cultura y la integración regional. No obstante, su costo inicial, que se estimaba en 63,000 millones de pesos, se ha incrementado a más de 95,000 millones, según cifras oficiales.

Este aumento en el presupuesto se atribuye a diversos factores, como estudios técnicos adicionales, modificaciones en la ruta del tren, indemnizaciones a los ejidatarios y obras complementarias. Además, el proyecto ha enfrentado críticas debido a su posible impacto negativo en el medio ambiente y en las comunidades indígenas. Aunque el gobierno tiene previsto inaugurar el Tren Maya en diciembre de 2023, aún no se ha demostrado su viabilidad financiera ni su impacto social positivo.

 Otro proyecto destacado es la construcción de una refinería en Dos Bocas, en el estado de Tabasco, con el objetivo de aumentar la producción nacional de gasolinas y reducir la dependencia de las importaciones. Inicialmente, esta refinería se anunció como una iniciativa que fortalecería la soberanía energética y estimularía la reactivación económica. Sin embargo, su costo inicial, que se estimaba en 47,200 millones de pesos, se ha disparado a 153,600 millones, según cifras oficiales.

 Las razones detrás de este sobrecosto incluyen retrasos en la construcción, cambios en el diseño, contingencias ambientales y obras adicionales. Además, la viabilidad técnica y financiera de la refinería en Dos Bocas ha sido objeto de cuestionamiento, junto con su posible impacto negativo en el ecosistema y la salud pública. A pesar de su inauguración, el gobierno prevé completar la refinería en 2023, aunque aún no se ha demostrado su eficiencia ni su capacidad para producir gasolina.

 Bárbara Anderson, en un demoledor editorial recientemente publicado en El Financiero, señala que para que esta planta comience a operar necesita gas y electricidad, dos energéticos de los que actualmente carece actualmente y el proyecto para ese suministro, además de elevar más el de por sí alto costo de la refinería, no sería en este sexenio. Lo peor, aunque no lo crean, dicen los expertos que la Refinería Olmeca, como fue bautizada, no está interconectada al sistema de ductos que debería tener para distribuir gasolina y diésel. Va a distribuir gasolina a través del arcaico modelo de transportarla con pipas.

 El tercer proyecto es el aeropuerto Felipe Ángeles, una terminal aérea que busca aliviar la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México, lo que ya se habría solucionado si no se hubiera cancelado la construcción del aeropuerto de Texcoco. El aeropuerto Felipe Ángeles se ubica en la base aérea militar de Santa Lucía, en Zumpango, Estado de México. Su costo inicial fue estimado en 75,000 millones de pesos, pero se ha incrementado a 82,000 millones, según el secretario de Hacienda. Este sobrecosto se debe a las obras adicionales, los estudios técnicos y las adecuaciones viales que requiere.

  Además, el aeropuerto Felipe Ángeles ha sido criticado por su falta de planeación, seguridad y conectividad. El gobierno inauguró el aeropuerto el 21 de marzo de 2022, pero aún no se ha garantizado su operatividad ni su conveniencia. Estos tres proyectos son ejemplos de cómo el gobierno de la 4T ha desperdiciado recursos públicos en obras que no responden a las necesidades reales del país ni a los principios de austeridad y transparencia que dice defender.