-Un mini Fobaproa en potencia…
- Los camiones son deudas al doble o más de su valor por intereses usureros que alimentaba el huachicol
Cuando Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP presentó su primer informe sobre empresas gasolineras vinculadas al robo de combustible (huachicol) el 15 de enero de este año, señaló que del total de operaciones encontradas a nivel nacional por 45 mil mdp, en Nuevo León se encontraron un total de 19, 859 mdp, casi el 50% de todas ellas, y fueron realizadas por “5 sujetos”. Según explicó Santiago Nieto en ese momento, muchas gasolineras de Nuevo León, como de otras partes del país, depositaban en bancos cantidades de efectivo de hasta el doble o más de lo que Pemex les vendía y facturaban en gasolinas y diésel. En Nuevo León, la Asociación del Transporte Público de Pasajeros de N.L. que aglutina la mayoría de los concesionarios del servicio ha venido exigiendo desde entonces, con crecientes presiones como paros y otras amenazas, un aumento de las tarifas de camiones de un 50% de manera gradual con aumentos mensuales desde este año hasta el 2021. Recientemente moderaron su exigencia a un aumento de sólo un 25%, es decir, que la tarifa se eleve de 12 a 15 pesos para el pago en efectivo.
Es evidente que los principales beneficiarios de las gasolineras que operaban el huachicol en el estado son precisamente los que pertenecen al llamado “pulpo camionero” por ser un “comprador mayorista” y mucho mejor que el comprador minorista que representan los consumidores de automóvil. Este “pulpo camionero”, con gasolinas 30 y hasta 50% más baratas, convirtió el negocio de los camiones en una “negocio de viudas”, con tasas de ganancia de 50% o más. Por supuesto, de esa forma podían alimentar el endeudamiento con los bancos y afianzadoras que proporcionaban los créditos para la adquisición periódica de nuevas unidades.
Al desaparecer el huachicol el negocio se viene abajo se convierte en un negocio normal con ganancias mucho menores e incosteable si se tiene que cubrir deuda a altas tasas de interés como las que existen en el país por parte de la banca usurera. El gobernador Jaime Rodríguez Calderón entra al rescate y empezó a decir que era probable que se compraran 2500 camiones para sustituir las rutas que los empresarios no quieran cubrir por ser incosteables. Más tarde, su secretario de gobierno, Manuel González, anunció que se buscaría un crédito de 5 mil mdp para comprar “la totalidad de las rutas de trasporte urbano, en su modalidad de camiones” que se sumarían al transporte del estado como el Metro y la Ecovía. Con esos 5 mil mdp el gobierno compraría las unidades pero la deuda podría seguir existiendo y alimentarse con los ingresos futuros de esos camiones estatizados, sacrificando su mantenimiento y modernización, causando así un servicio precario y deficiente. La requisa inmediata y directa por incumpliendo de contrato y obligaciones, como faculta al gobierno el artículo 102 de la Ley de Trasporte Para la Movilidad es la única vía para enfrentar el problema.
