En los años 60 del Siglo XX nuestra Ciudad vivió un importante boom industrial que atrajo a miles de personas provenientes de regiones rurales, en busca de un empleo digno. Sin embargo, el desarrollo urbano citadino no tenía capacidad para recibir a tantos migrantes al mismo tiempo.

Las colonias nuevas que se abrían por todos los rumbos de la Ciudad, estaban diseñadas para trabajadores que ya contaban con prestaciones sociales, pero los recién arribados carecían de casi todo, empezando por un empleo fijo, que estaban en  el proceso de búsqueda, por lo que no podían adquirir una casa de interés social financiada por las instituciones especializadas en viviendas populares.

Ello motivó (obligó) a muchos de los recién llegados a asentarse en predios irregulares o en áreas federales, es decir, en márgenes de ríos y vías del ferrocarril. Como desde inicios del siglo XX algunos migrantes se habían alojado ilegalmente en los predios altos de la loma larga sobre la colonia independencia –antiguo Barrio de San Luisito-, muchos siguieron ese ejemplo y pronto crecieron los asentamientos con rumbo al sur de la Ciudad.

Claro que en esos años también se formaron asentamientos humanos en: predios irregulares del Topo Chico –al norte de la ciudad-, en la Loma Larga y, desde luego, en el Cerro de la Campana, prominencia geológica de privilegiada ubicación en una zona que a precios actuales sus predios costarían una fortuna. 

Allí se ubica la Colonia Altamira, cuyos colonos originales eran migrantes que eran jornaleros o subempleados en el comercio. Algunos construyeron con sus propias manos su vivienda, pese a la carencia de servicios públicos, pensando en una futura conexión a las redes oficiales.

Pero el marco legal impidió a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, y a la Comisión Federal de Electricidad dotar del servicio al no ser propietarios de la tierra, por lo que estaban impedidos para conectarlos en sus redes de distribución.

Sin embargo, su evidente paracaidismo no les cancelaba sus Derechos Humanos, y ello obligó al Municipio de Monterrey a instalar un sistema de llaves colectivas que se gestionaron a nombre del Ayuntamiento y los consumos eran pagados en forma paritaria por el Municipio y los vecinos. 

Pero el manejo de esas llaves colectivas generó problemas políticos entre los mismos vecinos. A pesar de eso, los diferentes gobiernos municipales de Monterrey y del Estado, trabajaron intensamente para regularizar estos predios y, conforme se avanzó, se pudo introducir las redes de servicios públicos.

En los años ochenta, el Municipio construyó la avenida Nazas, que desahoga el tránsito vehicular de la región sur de las colonias cercanas al Tec de Monterrey que benefició a la colonia Altamira, pues quedó comunicada, tanto con Monterrey como con el rumbo a San Pedro. Esto propició un avance importante en el nivel de vida pues las rutas urbanas se acercaron a dar servicio, incrementándose el número de locales comerciales, y el patrullaje de las unidades de seguridad pública.

Asimismo, se facilitó la introducción de servicios como el drenaje sanitario. Y ciertamente aún hacen falta aún algunas cosas importantes, como una mejor cobertura educativa, la canalización de un arroyo o al menos su desazolve, y un programa de seguridad con mayor frecuencia de los rondines policíacos, pero el cambio es notable.  

El alto declive de sus calles, pues existen pendientes superiores a las contempladas en el Plan de Desarrollo Urbano, son un eterno problema que hay que vencer en la introducción de cualquier servicio público.

Hoy la Colonia Altamira es una zona de Monterrey en la que abunda el comercio, los talleres mecánicos y de herrería. La actual administración municipal se está esforzando por mejorar las condiciones de vida de estos colonos que son tan regiomontanos como el que más, pues su gran mayoría tiene, orgullosamente, acta de nacimiento en la Ciudad de Monterrey.