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México - El funcionario de derechos humanos de Jalisco que fue supuestamente secuestrado el viernes apareció con vida el sábado, informó la oficina del ombudsman nacional en un comunicado.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) indicó que la noticia de su hallazgo es “alentadora” y que, según les confirmó la fiscalía del estado, la investigación sobre el caso sigue abierta _aunque no dio más detalles sobre el estado del funcionario o qué había ocurrido. Fue la propia CNDH la que denunció el viernes la privación de la libertad del funcionario.
Según la prensa local, hombres armados lo interceptaron en su vehículo cuando se dirigía a la oficina.
La comisión de Jalisco se limitó a señalar a través de Twitter que su compañero _cuya identidad nunca se dio a conocer_ se encontraba “a salvo”.
La CNDH había solicitado que se investigara su trabajo en defensa de los derechos fundamentales como posible móvil del supuesto secuestro.
El incidente de Jalisco tuvo lugar sólo cuatro días después del homicidio del titular de la comisión estatal de Baja California Sur, Silvestre De la Toba, que fue asesinado junto a su hijo Fernando, de 20 años, cuando viajaban con su familia en la ciudad de La Paz. Los agresores abrieron fuego desde otro vehículo. Su esposa y una hija de 17 años resultaron heridas.
Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), condenó el sábado las agresiones registradas en los últimos días contra funcionarios de derechos humanos.
“Como Estado no podemos permitir que se violente la integridad de quienes tienen la encomienda de velar por la protección de los derechos fundamentales de todos, al contrario, debemos reforzar estas funciones para garantizar que puedan ejercer con total plenitud e independencia sus atribuciones”, indicó.
El ataque a De la Toba hizo saltar las alarmas porque fue la primera vez que era asesinado un titular de tales entidades oficiales que emiten recomendaciones no vinculantes sobre abusos de servidores públicos, incluidos policías, militares, guardas de prisiones o cualquier otro, lo que agravaba la crisis actual en que viven este tipo de trabajadores y activistas.
El ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez había reconocido además que otros tres titulares estatales estaban bajo amenaza.
Según datos de la CNDH, desde 2016 han sido asesinados 34 defensores, cinco de ellos en 2017.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT) que aglutina a 84 organizaciones de 23 estados del país, presentó en septiembre un informe en que asegura que desde la llegada al poder del presidente Enrique Peña Nieto en diciembre de 2012, hasta el 31 de julio de 2017, 106 defensores han sido asesinados y 81 están desaparecidos.