Defensores de derechos humanos y migrantes acusaron este lunes que son ilegales e inhumanos los crecientes operativos que el Instituto Nacional de Migración (INM) realiza en el desierto de la frontera norte de México.

EFE documentó una detención en mitad de la carretera que va de Chihuahua a Ciudad Juárez, en los límites con El Paso, Texas, donde un hombre dijo venir deshidratado junto a toda su familia tras más de 400 kilómetros de caminata a través del desierto.

“Ayúdame, Dios. Desde dónde venimos caminando, viejo. Ay, amigo. Vamos, vamos, ya déjame ir con mi hijo, quiero ir con mis compañeros. Mi hermano, déjame ir con mis hijos, mi señora”, expresó un migrante, que no pudo compartir su identidad, interceptado por un agente del INM.

El oficial se limitó a detenerlo, a mantenerlo inmóvil y a decirle que lo reuniría con su familia, a quienes también estaban persiguiendo otros dos elementos.

Más detenciones y más peligro

El abogado Ernesto Vasconcelo señaló a EFE que las persecuciones y detenciones que realiza el INM en las carreteras, los autobuses y los aeropuertos son “ilegales y anticonstitucionales”, y orillan a los extranjeros a enfrentarse a rutas peligrosas como el desierto.

Vasconcelo, un migrante venezolano que llegó a Ciudad Juárez hace más de dos décadas, estudió Derecho y se especializó en migración, sostuvo que el INM viola la Constitución, la Ley de Migración y acuerdos internacionales.

“No tiene Migración facultades para hacer una detención en una carretera, en un punto de revisión, porque estaría coartando ese derecho de toda persona de poder transitar todo el territorio nacional 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la semana pasada una recomendación al INM “tras acreditar violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la libertad, a la legalidad, así como al debido proceso” durante la detención de dos migrantes venezolanos en Chiapas, en la frontera sur.

El organismo autónomo indicó que el INM detuvo a los venezolanos y otras familias migrantes que viajaban en un transporte público.

El abogado Vasconcelo argumentó que el INM tiene la obligación de controlar el ingreso y salida de los extranjeros en el país, pero sólo en los puertos de entrada y, cuando una persona ya está dentro del territorio nacional, los agentes deben respetar los derechos humanos, como el libre tránsito y no ser molestados.

“¿Por qué un migrante no puede tomar un autobús o un avión y trasladarse del punto A al punto B? Porque el gobierno mexicano prohíbe el uso de estos transportes, entonces no les queda otra opción que tomar estas rutas ilegales y peligrosas del desierto, caminar por las carreteras”, señaló.

La presión por resolver la crisis

El gobierno ha reforzado este año los controles tras el aumento del 77% en la migración irregular en 2023, cuando detectó más de 782 mil migrantes en esta situación.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró el mes pasado que los encuentros diarios de migrantes en la frontera con Estados Unidos cayeron casi un 55% de diciembre a marzo.

Vasconcelo pidió a la CNDH y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vigilar el actuar del gobierno con los migrantes.

“Un migrante no tendría que caminar una carretera con temperaturas extremas, exponiendo su vida, su salud, la vida de los niños, su integridad”, manifestó.