La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este miércoles que el gobierno analizará los recursos legales para defender los derechos de los migrantes, luego de que en Iowa se firmó una ley que permite a la policía estatal arrestarlos para que sean deportados.

A través de un comunicado, la Cancillería indicó que redoblará su asistencia y protección consular de la comunidad mexicana que está en Iowa ante la aprobación de ley conocida como “Senate File 2340” y que fue firmada por la gobernadora Kim Reynolds.

“El Consulado de México en Omaha ha implementado medidas de prevención e información para que las personas mexicanas en el estado conozcan sus derechos, y cuáles son las herramientas de asistencia consular y asesoría legal a las que pueden recurrir”, indicó en el comunicado la dependencia. 

Asimismo, dijo que “redoblarán sus encuentros con autoridades aliadas y agrupaciones de derechos civiles para reforzar la presencia en el estado” con el objetivo de brindar asesoría legal.

De igual forma, indicó que la ley que entrará en vigor el próximo 1 de julio “busca la criminalización de la población migrante”.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su representación consular en Iowa, estará atenta para responder a cualquier violación”, apuntó.

La ley de Iowa, al igual que la de Texas, podría derivar en acusaciones penales a personas que tengan órdenes de deportación pendientes o que previamente hayan sido expulsadas de Estados Unidos o se les haya negado la entrada. Una vez bajo arresto, los migrantes podrían aceptar la orden de un juez de salir del país o ser procesados.

La orden del juez debe identificar el método de transporte para salir de Estados Unidos, y un agente policial o una agencia de Iowa deberán supervisar la partida de los migrantes. Quienes no se vayan podrían enfrentar un nuevo arresto por acusaciones más graves.

El pasado 27 de marzo, el Gobierno, a través de la SRE, celebró que la ley SB4, que permite a autoridades de Texas detener y deportar migrantes, fuera suspendida hasta nuevo aviso por un tribunal estadounidense.

La polémica por la ley ocurre en medio del flujo migratorio inédito de los últimos años en la región, donde México reportó una subida de cerca del 77% en la migración irregular en 2023, con más de 782 mil extranjeros indocumentados detectados.