Mí‰XICO - La riña masiva que se saldó con la muerte de 28 presos en la cárcel estatal de Acapulco, en el sureño estado mexicano de Guerrero, es un reflejo de la falta de autoridad y la corrupción en esa instalación, dijo a Xinhua el consultor independiente en temas de seguridad pública Arturo Arango.
"La problemática de la corrupción ahí se vive al 100 por ciento, en todos y cada uno de los actos", advirtió el experto.
El incidente se desató al filo de las 4:00 hora local de hoy en el módulo de alta seguridad de la cárcel, cuando varios presos irrumpieron en las celdas de otros internos para atacarlos, supuestamente, dentro de una "pugna permanente" entre grupos rivales, informó el Gobierno de Guerrero.
Según la versión oficial, las víctimas fallecieron por golpes o heridas de armas blancas como cuchillos y puntas. La Policía estatal encontró los cadáveres en el módulo de seguridad del Bloque Uno, dentro y fuera de la cocina, en el área de visitas conyugales y en el patio del Bloque Tres.
Arango aseguró que el violento hecho mostró que hay una carencia de autoridad por parte de los funcionarios y guardias responsables de la cárcel, localizada en el barrio Las Cruces, a unos 10 kilómetros de las playas de la bahía del turístico puerto del Pacífico.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) detectó en su inspección del año pasado que la prisión más poblada de Guerrero enfrenta problemas en 27 aspectos, entre los que figuran la supervisión del centro por parte de su titular, el autogobierno a manos de los reos y la insuficiencia de guardias.
Ante este cúmulo de problemas, que incluyen también la falta de programas para prevenir y atender incidentes violentos, la deficiencia en la imposición de sanciones disciplinarias y de normativa, la CNDH dio a la cárcel una puntuación de 4,76 en una escala de 10 en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016.
El experto subrayó que la debilidad institucional y el autogobierno ejercido por los presos obliga al grueso de la población carcelaria a tener que pagar por los alimentos, la ropa e incluso el uso del baño o enrolarse en alguno de los grupos que dirigen las actividades ilícitas.
"Es la administración de la corrupción llevada al máximo nivel", resaltó Arango. La cárcel también enfrenta un sobrecupo por encima del 20 por ciento, pues está construida para albergar a casi 1.700 internos pero actualmente la habitan unos 2.000 reos, según datos oficiales.
Arango manifestó que las carencias enumeradas por la CNDH más la sobrepoblación se sumaron para que pudiera suscitarse la agresión, cuyo saldo de víctimas fatales es el más alto en lo que va de 2017 en incidentes en las cárceles estatales del país.
La Policía tomó el control de todas las áreas de la prisión hacia las 10:30 hora local, en tanto que por la tarde decenas de familias reunidas en el exterior escucharon en voz de un funcionario la lista de nombres de presos fallecidos.
"Se tiene que quitar el autogobierno, porque el autogobierno es la expresión máxima de los problemas", urgió el consultor.
