CIUDAD DE Mí‰XICO - Una nueva investigación periodística divulgada el viernes señaló que miembros del Ejército de México que trabajaban para un cártel del narcotráfico estuvieron involucrados en la desaparición y posible masacre de 43 estudiantes, uno de los crímenes más sonados de los últimos tiempos en el país.
En un adelanto de un libro de próxima aparición, la periodista Anabel Hernández asegura que militares estaban encargados de recuperar heroína por un valor de dos millones de dólares que iba en dos autobuses que fueron tomados por un centenar de estudiantes la noche del 26 de septiembre del 2014.
La periodista se basa en varias entrevistas con un narcotraficante de la ciudad de Iguala, en el empobrecido estado de Guerrero, donde esa noche desaparecieron los 43 estudiantes de magisterio, parte del centenar que llegó a Iguala y tomó los autobuses para llevárselos a una protesta en la Ciudad de México.
"Quien encabezó la operación para rescatar la droga fue el mismo Ejército", señaló la periodista citando a su fuente en un adelanto de los primeros capítulos del libro "La verdadera noche de Iguala", publicados en el sitio de Internet Aristegui Noticias.
"En el momento en que los militares rescataban la droga de los autobuses, los normalistas (estudiantes) a bordo se habrían dado cuenta de lo que estaban extrayendo de los compartimientos, imprevisto que detonó súbitamente la necesidad de desaparecerlos para no dejar testigos", señala el relato.
La Secretaría de la Defensa Nacional no emitió de inmediato ningún comentario sobre la acusación contenida en el adelanto del libro. Tampoco ninguna otra entidad del Gobierno mexicano.
El capo narco, al ser notificado de la pérdida de la heroína, pidió al coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón del Ejército en la zona, que recuperara la droga a como diera lugar, señaló la publicación.
Los narcos de la zona, conocidos como Guerreros Unidos, habrían contado con la complicidad además de policías municipales de Iguala y localidades vecinas, así como policías estatales de Guerrero y federales, según la investigación.
Todas estas corporaciones policíacas, así como miembros del Ejército, han sido llamados a declarar este año, luego de que un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalara serias fallas en la investigación y que a su juicio existían varias instancias de seguridad involucradas en la desaparición de los muchachos.
Sin embargo, la fiscalía federal aún no ha emitido ninguna conclusión sobre el caso y sólo se ha identificado un pequeño fragmento de hueso de uno de los estudiantes.
