Monterrey.- Con el objetivo de que las víctimas puedan presentar querellas por violencia familiar en zonas de alto riesgo detectadas por las autoridades, la Diputada Independiente Karina Barrón Perales presentó una iniciativa para impulsar la creación de unidades móviles dependientes de la Fiscalía General con agentes del Ministerio Público.

 La iniciativa contempla la adición de un párrafo a la fracción VIII del artículo 13 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, así como al artículo 15 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y tiene como prioridad la prevención de feminicidios y violencia de género.

 “Solicitamos la creación de unidades móviles con un  equipo integral por parte del Ministerio Público: un doctor general, un psicólogo, pero que acuda a levantar la denuncia al domicilio, porque en zonas vulnerables la gente no tiene para su traslado, no tiene medios para acudir a levantar una denuncia, le falta cómo orientarla cuando tiene un maltrato físico o emocional por parte de su pareja o algún tipo de agresión”, aseguró Barrón Perales.

 La iniciativa determina que el Fiscal General será la autoridad que deberá impulsar la creación de estas unidades móviles para iniciar querellas por violencia familiar. Las unidades móviles se instalarán en zonas marginadas del Estado, en las cuales un agente del Ministerio Público plenamente capacitado estará al frente.

 “Se debe hacer de manera práctica con el Instituto Estatal de las Mujeres, que tenga que acudir al domicilio para dar un tipo de asesoría psicológica, consulta médica, que se pudiese trabajar en conjunto con la Fiscalía General, porque también el Gobierno del Estado debe tomar cartas en el asunto con el Fiscal General”, planteó la legisladora independiente.

 Barrón Perales recalcó que la ola de violencia de género que vive Nuevo León amerita tomar acciones concretas y diferentes para atender los casos, incluso en lugares donde se sabe que hay maltrato, pero no se denuncia, como en la zona rural del estado.

 “Sabemos que en el área rural también se vive violencia familiar. Yo estoy proponiendo que sea de la Fiscalía, pero también es obligación por parte del Instituto Estatal de las Mujeres. Al menos tendríamos que iniciar con los 11 municipios del área metropolitana, con 20 unidades debiera de iniciar para que se empiece a habilitar el programa, si recordamos que estamos en un estado de emergencia por violencia de género”, concluyó.