México - La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el Pronunciamiento sobre Antecedentes Penales, donde evidencia la urgencia de garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas que han egresado de la prisión.
En el documento, el organismo defensor de las garantías individuales destacó que los ex convictos deben alcanzar una reinserción social efectiva, como se ordena en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Al obtener la libertad, expuso, se inicia un difícil proceso, el cual en muchos casos conlleva discriminación y exclusión, lo que implica señalamientos por esta condición, que afectan no solo a la persona liberada, sino también a su familia.
Los problemas también se presentan al requerir antecedentes penales relacionados a familiares directos o indirectos y no solo los propios, al momento de acceder a algún derecho, como suele suceder al solicitar el ingreso a un trabajo, añadió.
Ante ello, la CNDH consideró como prioritaria esta atención, debido a que la pena de prisión no debe afectar de ningún modo a familiares de quien se le haya impuesto dicha sanción, pues esto resulta violatorio a la Constitución, al transformarse esta pena en trascendente.
En el pronunciamiento señala que el restringir el ejercicio pleno de los derechos de una persona sentenciada resulta excluyente, pues si bien los antecedentes penales forman parte del pasado de la persona, éstos se encuentran dentro de su vida privada, y su requerimiento y difusión la discrimina ante la posibilidad de una segunda oportunidad.
El documento incluye también criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el relativo a la Jurisprudencia sobre Antecedentes Penales, que indica que "si una persona comete un ilícito no podría quedar marcado con el estigma de ser infractor el resto de su vida, porque ello obstaculizaría su reinserción social".
Se considera que esta desatención implica negar el derecho a la reinserción social efectiva, al utilizarlos como requisitos, ya sea para acceder a un trabajo, a una posibilidad educativa o en general al ejercicio de un derecho, considerando que difícilmente se puede asumir como verdaderamente libre bajo todos estos supuestos.
En este sentido, para la comisión debe fortalecerse la garantía a la reinserción social efectiva como un derecho exigible que permita que las personas que han obtenido su libertad no sean estigmatizadas y cuenten con otra oportunidad de vida dentro de la comunidad.
Este documento contiene nueve pronunciamientos, donde la armonización normativa se puntualiza a fin de acceder también al derecho de contar con un proyecto de vida que no se vea limitado por contar con antecedentes penales, desindexando éstos datos de los motores de búsqueda públicos.
Esto, planteó la comisión, "limitando el acceso de estos (antecedentes penales) para fines estadísticos, de prevención e investigación del delito, sin que puedan asociarse los datos personales o familiares con la persona de manera específica".
