En tanto que el Gobernador Jaime Rodrí­guez envió ayer el veto a la Ley Orgánica de la Fiscalí­a General de Justicia aprobada por el Congreso local el 28 de junio pasado, el Coordinador del GLPAN, José Arturo Salinas Garza, manifestó que ahora habrá que turnarlo, analizarlo y sacar adelante le ley.

Y añadió que pudiera ser en agosto o septiembre y estamos evaluando si convocamos a un extraordinario o no, agregó Salinas Garza.

Salinas Garza dijo que la ley define las facultades que tendrá esa Fiscalí­a, así­ como las Fiscalí­as Anticorrupción y la Especializada en Delitos Electorales, además de precisar reglas y requisitos para aspirar a esos cargos y definir a sus titulares.

"El dí­a de hoy llegaron ya las observaciones o el veto a la Ley de la Fiscalí­a o de los Ministerios Públicos y sin poder sacar adelante esta Ley no se puede iniciar el proceso porque no tendrí­amos convocatoria para nombrar fiscales", dijo Arturo Salinas.

Confirmó que ayer llegó el veto por parte del Gobernador a la ley que crea el Sistema Estatal Anticorrupción y ahora lo analizarán el veto para luego convocar a un extraordinario.

Sin embargo, el lí­der albiazul dijo que casi es un hecho que el Gobernador impugne un eventual periodo extraordinario, ya que no le parecen y éste no le va a parecer.

También dijo que la ley forma parte de los ordenamientos complementarios o secundarios que debe ajustar el Congreso local para que el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) opere.

En la ley se establece que la Fiscalí­a General es un organismo autónomo del Estado, dotada de personalidad jurí­dica y patrimonio propio, con autonomí­a financiera, presupuestal, técnica y de gestión.
También precisó que ésta contará con la Fiscalí­a Especializada en Combate a la Corrupción y la Fiscalí­a Especializada en Delitos Electorales, cada una con competencias especí­ficas.
Integrantes de la Coalición Anticorrupción cuestionaron su contenido porque no se les consultó con tiempo para hacer observaciones de fondo al contenido.
Desde el momento en que la aprobaron, los legisladores contemplaron que el ordenamiento serí­a vetado y que lo mejorarí­an al discutir las observaciones del Congreso local.
El coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano, Samuel Garcí­a, dijo que aunque está de acuerdo con que se requiere la Ley, también está conforme con que el Ejecutivo estatal la haya vetado, pues le parece que el documento aprobado es cuestionable en cuanto a la retroactividad y el riesgo de que las investigaciones abiertas a Margarita Arellanes, ex Alcaldesa de Monterrey, y Rodrigo Medina, ex Gobernador, puedan caerse.