BALTIMORE — La ciudad de Baltimore demandó el miércoles al gobierno de Donald Trump por sus prácticas migratorias, afirmando que estas están impidiendo a los inmigrantes recibir asistencia pública a la que tienen derecho.
La definición de “usuario público” que el Departamento de Estado ha usado siempre ha sido modificada a fin de excluir a los inmigrantes, dice la querella.
El cambio les permite a los agentes consulares determinar si un solicitante de residencia permanente o algún familiar suyo se ha beneficiado de algún programa de asistencia pública como vacunas o almuerzos escolares.
La municipalidad asevera que la participación de inmigrantes africanos en un programa asistencial en las escuelas de Baltimore “prácticamente ha cesado” debido a la nueva política.
La alcaldesa Catherine Pugh dijo que la ciudad es “conocida por adoptar a los inmigrantes” y dijo que la creación por el gobierno de Trump “de obstáculos adicionales para aquellos que buscan vivir en Baltimore” es una perversión de los ideales nacionales.
“Estamos decididos a resistir este nuevo intento de privar a nuestras comunidades de inmigrantes de servicios básicos”, dijo Pugh en Baltimore, que es una de las ciudades estadounidenses que han estado tratando de revertir una declinación de su población con medidas acogedoras hacia los inmigrantes.
El Departamento de Estado no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de comentario sobre la demanda de Baltimore, que pide que el cambio de política sea declarado inconstitucional y que la cláusula de “usuario público” vuelva a su definición previa.
La demanda, presentada en la corte federal en Maryland, fue hecha en colaboración con la Fundación de Promoción de la Democracia, un grupo con lazos con el partido demócrata.
Anne Harkavy, directora de la organización, dice que el cambio de la política por el Departamento de Estado “es un nuevo ejemplo de la perturbadora hostilidad del gobierno de Trump hacia las personas nacidas en otros países y sus familias”.
Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional quiere redefinir “usuario público” como alguien que probablemente recibirá asistencia pública en algún momento. Y la definición ha sido ampliada para incluir Asistencia alimentaria, Medicaid, asistencia para viviendas y subsidios para Medicare. Los refugiados y solicitantes de asilo estarían exentos.
Esa propuesta, publicada en el portal del departamento, ha aparecido ya en el diario oficial del gobierno federal y desatado un período de 60 días de comentarios públicos antes de entrar en vigor. Ese período concluye el próximo mes.
En general, los inmigrantes representan una pequeña porción de quienes reciben asistencia pública. Las restricciones son parte de las gestiones del gobierno para llevar al país a un sistema centrado en las capacidades y calificaciones de los inmigrantes en lugar de la reunificación familiar.
