El sistema político de México que debiera ser presidencial, es presidencialista de facto. Tras la fallida monarquía de Agustín I -Agustín de Iturbide- se estableció un régimen de gobierno republicano y democrático emanado de la constitución política de 1824, que incluye la figura de Presidente de la República, como titular del Poder Ejecutivo y otros dos poderes autónomos, el Legislativo y el Judicial. En el transcurso de dos siglos transcurridos, con sus naturales altibajos el país ha avanzado en su desarrollo, y la figura presidencial ha ido creciendo, mientras que los otros dos poderes han disminuido en proporción al Ejecutivo.

El antecedente teórico más serio para justificar la existencia del esquema de pesos y contrapesos entre los tres poderes es el de Montesquieu que en 1748 defendió la separación de los tres poderes con su obra El Espíritu de las Leyes, una tesis que sigue siendo vigente en muchas naciones. 

Luego, en 1788 James Madison defendió los mecanismos de equilibrio de poderes en The Federalist Papers, y en 1885, Woodrow Wilson atacó al sistema presidencial en su Gobierno Congresional.

Desde luego que estos dos presidentes, Madison y Wilsosn, fueron norteamericanos, pero es imposible negar la influencia indirecta que esa nación vecina tuvo en la definición de la forma de gobierno que se instalaría en México, toda vez que el suyo fue el primer país en tener un Presidente.  

Y ciertamente Estados Unidos, sigue siendo un país presidencialista pero con democracia indirecta, que ha vivido algunos casos como el de Donald Trump que ganó la presidencia sin haber obtenido la mayoría de los votos ciudadanos, ganándole a Hillary Clinton en 2016 con los votos de los representantes elegidos en las votaciones primarias. 

Pero en México se elige con votación directa y así el presidente -o presidenta- llega fortalecido. Asume las jefaturas del gobierno y del estado. Por ello es comandante supremo de las Fuerzas Armadas, celebra tratados y negociaciones diplomáticas, propone, promulga y ejecuta las leyes que expide el Congreso de la Unión.

Tiene facultades para proponer los nombres de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, y tiene la facultad meta constitucional de jefaturar la bancada de su partido -que generalmente es mayoritario- en las dos cámaras legislativas, es decir, su poder es enorme.

Sin embargo, debe respetar la Constitución, es decir, respetar a los otros dos poderes constitucionales que son el Legislativo y el Judicial, aunque como ya se dijo, tenga injerencia en su integración. 

Ahora existe un grave problema con el Poder Judicial, al grado que vemos por primera vez a sus empleados protestando en las calles por el procedimiento de una nueva conformación orgánica. 

Hacemos votos porque la presidenta Claudia Sheinbaun haga lo necesario para que nuestro gobierno siga siendo democrático, sin tintes de despotismo, sistema político que se define como el de un gobierno donde una sola entidad gobierna con poder absoluto. Anhelamos que México siga avanzando en paz.