Mientras que este lunes el Arzobispo Primado de México Carlos Aguiar Retes declaró estar a favor de la Ley de Seguridad Interior con objeto de que las fuerzas armadas dispongan de un marco legal de intervención, pese a las críticas de la sociedad civil que ven en ésta un intento de mantener la militarización del pais, este miércoles  La Comisión Episcopal para la Pastoral Social (CEPS) publicó un comunicado firmado por 7 obispos y arzobispos donde llaman a construir “soluciones de fondo a la situación de violencia y de inseguridad (…) avanzar hacia una auténtica paz”.

  La CEPS expresó su preocupación por los niveles de violencia en México, “desde que el gobierno mexicano decidió lanzar su guerra contra el narcotráfico (…) se han contabilizado en el país 174 mil homicidios dolosos”.

  En el comunicado se indica que la violencia “tiene orígenes multifactoriales” que continúan vigentes, tales como la corrupción, la desigualdad, el desempleo, la impunidad, la ineficaz procuración de justicia o el abandono al campo, citaron a modo de ejemplo, “no se puede seguir explicando como consecuencia de enfrentamientos entre bandas criminales”.

  “Hoy se requieren acciones legislativas que (…) marquen una ruta crítica para resolver las causas, pero también eviten la permanencia de (…) las fuerzas armadas en funciones policiacas y logren un consenso de todas las fuerzas políticas y sociales en orden a establecer estructuras nacionales, estatales y municipales de seguridad eficaces y respetuosas de los derechos de todos”.

  La CEPS alertó que con la cercanía de los procesos electorales, se corre el riesgo de que la agenda política y social para la contención de la violencia quede marginado del debate y que la situación de la misma pueda favorecer intereses partidistas, “puede darse un manejo superficial y frívolo de este escenario nacional simplemente para buscar votos”.

  Los obispos y arzobispos consideran necesario el resultado de las investigaciones ministeriales “para conocer el significado de las ejecuciones de actor políticos (…) periodistas y defensores de derechos humanos”.