SAN DIEGO - Un hombre de 23 años demandó al gobierno estadounidense por haberlo deportado a México, afirmando que tiene derecho a permanecer en Estados Unidos bajo un programa que protege a gente que inmigró siendo niños.
Los abogados de Juan Manuel Montes aseguran que su cliente es el primero en ser deportado en el gobierno de Donald Trump pese a estar cobijado por el programa DACA que permite la suspensión temporal de la deportación. Los abogados señalan que Montes calificó al DACA en 2014 y renovó su estatus en el 2016 por dos años más.
El DACA es la política promulgada por el anterior mandatario Barack Obama, que consiste en la suspensión temporal de las deportaciones de jóvenes que residan sin autorización legal -que llegaron a Estados Unidos cuando niños, traídos por sus familiares-, siempre y cuando no hayan sido condenados por haber cometido delitos graves y siempre no se trate de personas que representen una amenaza a la seguridad pública.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos contradice las aseveraciones sobre el estatus de Montes, afirmando que su afiliación al DACA expiró en agosto del 2015 y que, según documentos oficiales, nunca fue renovado.
La agencia añade que Montes fue una vez declarado culpable de robo y se le sentenció a libertad vigilada. Sus abogados reconocen, en la demanda presentada el martes en un tribunal del sur de California, que fue acusado de un delito menor y de "infracciones menores de tránsito", pero esas faltas no le excluyen del DACA.
Montes, quien llegó a Estados Unidos a los 9 años de edad y sufrió una herida cerebral traumática cuando era pequeño, se graduó de la secundaria en el 2013 y estudió soldaduras en un colegio comunitario, dice la demanda. Entonces trabajó dos años como agricultor en California y Arizona.
Según la demanda, Montes fue enviado a México el 17 de febrero tras ser detenido por un policía que le pidió documentación, cuando se dirigía a una parada de taxis en Calexico, California, a unos 190 kilómetros (120 millas) al este de San Diego. Montes había dejado la billetera en el carro de un amigo y se sentía "confundido y asustado". Se le exigió firmar unos documentos sin que se les diera copia ni permiso para citarse con un juez de inmigración.
Después de ser asaltado en la ciudad fronteriza de Mexicali, México, Montes regresó a Estados Unidos el 19 de febrero y se entregó a las autoridades, dice la demanda. De nuevo se le pidió firmar unos documentos, y de nuevo se le negaron copias y se le envió a México.
La policía fronteriza dijo que Montes fue arrestado cuando trataba de subirse a una cerca fronteriza en Calexico, y que admitió bajo juramento que entró a Estados Unidos ilegalmente.
Montes está actualmente en México, con la esperanza de poder volver a Estados Unidos.
"Se me expulsó a la fuerza porque yo estaba nervioso y yo no sabía qué hacer ni qué decir, pero este es mi país", dijo Montes en una declaración difundida por sus abogados. "Extraño mi empleo, extraño mi escuela. Y quiero seguir trabajando para conseguir mejores oportunidades. Pero más que nada, extraño a mi familia, y albergo la esperanza de que podré regresar para poder estar con ellos otra vez".
El pleito exige que se hagan públicos los documentos que expliquen por qué Montes fue deportado a México, y denuncia violaciones del Acta de Libertad de Información. Dice que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y los Servicios de Inmigración y Ciudadanía, que manejan el programa DACA, se negaron a dar la información solicitada.
"Juan Manuel fue expulsado al otro lado de la frontera sin siquiera un pedazo de papel que explique por qué ni cómo", declaró Nora Preciado, abogada del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, que está representado a Montes. "El gobierno no debe tratar a nadie de esta manera, mucho menos a alguien protegido por el DACA. Nadie debería tener que presentar una demanda para averiguar qué le ocurrió".
El gobierno ha emitido casi 800.000 permisos de DACA desde que Obama introdujo el programa en el 2012, y casi 700.000 de ellos han sido renovados.
