28/Mar/2024
Editoriales

Urgencia de la Reforma Educativa

Si algún asunto público merece ser calificado de "urgente", ese es el de la reforma educativa aquí­ en México ¿Por qué? En primer lugar porque el Mundo sigue dividido en Primero, Segundo y Tercero, por lo que México tiene que subir su nivel de vida cuando menos al doble, si es que cuatro veces parece inalcanzable, nivel que ahora es de 10,000 dólares al año, o sean unos 15,000 pesos por mes: Esto sólo se logrará mediante la plena democratización. En segundo lugar porque aún los paí­ses del Primer Mundo, como podemos verlo en nuestros vecinos del norte, están entrando en crisis d empleos y de desigualdad de ingresos, debido en primer lugar al rápido avance de la tecnologí­a, el cual está dejando atrás a gente con insuficiente educación; pero también porque el sistema capitalista está llegando a los lí­mites de su eficiencia en la forma actual y, además, se está topando con problemas ambientales de nivel planetario que son imposibles de soslayar; y Tercero, porque una educación de alta calidad y que se extienda a toda la población, es condición sine qua non para la plena democratización y el gran esfuerzo colectivo que eso requiere.

Eso es lo que se requiere, pero ¿Cómo lograrlo? Claro que tiene que ser como parte de la plena democratización de la vida pública para acabar con la corrupción, pero el problema concreto es aún más difí­cil de lo que parece, pues aquí­ en México los sindicatos "nacionales", como el de PEMEX y el de la Educación, son parte indispensable del apoyo a los gobiernos Prií­stas, que ni quiera la Alternancia Panista se atrevió a desmantelar, pues no se atrevieron a quitarles las anticonstitucionales cláusulas de inclusión y de exclusión en sus contratos colectivos de trabajo: Sólo se atrevió Calderón a desmantelar el Sindicato Mexicano de Electricistas, que era como un cáncer en el servicio eléctrico del centro del Paí­s, donde unos 44,000 empleados hací­an el trabajo que 8,000 pueden hacer, como desde entonces la CFE lo ha demostrado fehacientemente.

Para visualizar lo difí­cil que es este problema, podemos recordar lo que se ha pretendido hacer: Desde 1995 el Gobierno Federal "traspasó" a los Estados la administración de la educación, pero conservando las mismas estructuras sindicales, por lo que, en realidad, lo único que cambió fue el flujo del dinero federal, que en vez de ir directamente a los sistemas escolares, ahora se canaliza por las tesorerí­as de los Estados: Pero el conjunto sigue siendo "un monstruo" inmanejable, como lo demostró el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos que se le encargó al INEGI, el cual "destapó" que el SNTE maneja la nómina a su conveniencia polí­tica, con miles y miles de "aviadores" y con un pernicioso manejo de sobresueldos y compensaciones.

Entonces ¿Cómo podrí­a hacerse? Tratando de entender el problema, debemos tratar de resolver el siguiente dilema: A) El Gobierno tiene que ser el garante de que toda la población tenga acceso a la educación, financiando su costo con fondos públicos y vigilando que cumpla con las normas legales; pero B) El Gobierno es un pésimo administrador y fácil de caer en componendas de apoyos polí­ticos, por lo que, idealmente, toda la educación deberá ser administrada por grupos, sociedades o instituciones privadas. Parece que la República de Chile ya resolvió este difí­cil dilema de la siguiente manera: Su gobierno no administra ninguna escuela ni universidad ni, por tanto, negocia con ningún sindicato, pero le entrega a cada ciudadano un bono de dinero proporcional al número y edad de sus hijos y a su categorí­a o nivel de aportación tributaria. Entonces cada padre de familia, convertido en un demandante de educación, escoge en cuál o cuáles escuelas o instituciones inscribir a sus hijos: Claro está que el conjunto de esas decisiones irá beneficiando a aquellas que se distingan como ofertantes de buena educación e irá haciendo quebrar a las que no lo sean.

Parece que el estudiar e implantar este sistema, o alguno parecido que se adecúe mejor a nuestras caracterí­sticas, serí­a la primera prioridad y la meta más importante para democratizar nuestro gobierno y para avanzar en la moralización de toda nuestra sociedad. Atte.- JVG.- 30-03-16