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Proponen ley para protección de periodistas y defensores de derechos humanos

Una iniciativa de Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Nuevo León, que otorgue garantí­as y reconozca el periodismo como actividades de interés público, fue propuesta por el diputado José Luis Garza Ochoa.

La Ley de XV capí­tulos, establece la petición de medidas preventivas, de protección urgente y de carácter social y la creación de un fondo para la protección integral de personas defensoras de derechos humanos y periodistas para la operación entre otras, de las medidas antes descritas.

Propone además, el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el Estado de Nuevo León, un organismo público descentralizado del Ejecutivo Estatal, con personalidad jurí­dica y patrimonio propio, autonomí­a técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos y atribuciones.

Se establece que el mecanismo contara con una Junta de Gobierno; una Dirección; un Consejo de Evaluación de Medidas; un Consejo Consultivo; y una Mesa de Trabajo Multisectorial.

En la iniciativa entregada en la Oficialí­a de Partes del Congreso Local, se reconoce el ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humanos y del periodismo como actividades de interés público y por lo tanto el Estado debe de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos vinculados a ello.

Destaca la necesidad de garantizar los derechos a la vida, integridad fí­sica, psicológica, moral y económica, libertad y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y colaboradoras periodí­sticas cuando se encuentran en riesgo con motivo del ejercicio de su actividad.

Inclusive, establece salvaguardar derechos y bienes de familiares o personas vinculadas a periodistas, colaboradores o defensores de derechos humanos.

En su exposición de motivos, el diputado integrante de la fracción legislativa del PRI, establece el reconocimiento de los derechos especí­ficos de los profesionales de la información como fundamental para la consolidación de un estado de derecho pleno y democrático.

Añade que cualquier interferencia en el derecho a la información, bien sea que provenga del poder polí­tico, del poder económico, de los medios de comunicación o del crimen organizado, atenta no sólo contra los derechos individuales de los periodistas, sino contra las bases y los fundamentos de un sistema democrático.

Ahora bien, la presencia del crimen organizado en México se ha reflejado también en las muertes de periodistas, amenazas y atentados contra medios de comunicación.

El ejercicio de un periodismo de alto riesgo, por sus caracterí­sticas, afecta intereses de terceros, lo que pone en peligro la integridad fí­sica de los profesionales de la información, de las instalaciones del medio de comunicación en el que laboran y hasta de sus familiares y conocidos, puntualiza Garza Ochoa.