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MÉXICO - La gigante brasileña Odebrecht no será invitada a participar en las obras públicas planeadas por el próximo gobierno mexicano, dijo a Reuters el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, por estar envuelta en un multimillonario escándalo de corrupción en América Latina.
La nueva administración, que asumirá en diciembre encabezada por Andrés Manuel López Obrador, ha prometido invertir miles de millones de dólares en infraestructura como parte de un programa para estimular el tímido crecimiento económico.
“En el próximo gobierno, Odebrecht seguramente no tendrá ninguna invitación para participar en las obras públicas del país”, dijo a Reuters el futuro secretario e ingeniero mecánico Javier Jiménez, en una entrevista telefónica el jueves.
“Habrá cero tolerancia a la corrupción y la impunidad. Quien haya caído o caiga en esto no tendrá, de ninguna manera, forma de participar en la cosa pública”, sentenció.
No fue posible obtener comentarios de la unidad de la constructora brasileña en México.
En los últimos años, Odebrecht ha estado en el centro de uno de los mayores escándalos de corrupción de la región y, a pesar de haber admitido que pagó sobornos desde Perú hasta México, en el país norteamericano no hay ningún funcionario acusado.
La brasileña, que reconoció haber pagado 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos para obtener licitaciones, fue inhabilitada para celebrar contratos en el país hasta 2020. Sin embargo, ha dicho que buscará impugnar la sanción, que incluye una multa de 55.4 millones de dólares.
De cumplirse la afirmación de Jiménez, la firma, que no ha terminado la modernización de una refinería en México, se perdería entre otros de la licitación para la construcción de un tren en Yucatán a un costo de hasta 7,800 millones de dólares, así como la prometida finalización del tren interurbano Toluca-Ciudad de México de 3,200 millones de dólares.
“No estamos pensando en obras enormes, sino en obras eficientes, en darle prioridad a la conservación de lo que tenemos y a resolver algunos cuellos de botella. Más que una obra magna queremos hacer de la infraestructura un territorio eficiente, ágil”, afirmó Jiménez, de 81 años.
Si bien no es facultad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vetar empresas, López Obrador ha dicho que uno de los ejes de su gobierno será la lucha contra la corrupción.
El jueves, la futura encargada de vigilar el ejercicio público del gobierno aseguró que no sólo se buscará cerrarle el paso a las empresas corruptas, sino también a los países.
“Estamos considerando prohibir la participación en licitaciones futuras de empresas corruptas como Braskem, Odebrecht y tantas más”, dijo a Reuters Irma Sandoval, próxima secretaria de la Función Pública, institución que prohibió a los entes estatales celebrar contratos con la brasileña.
“No vamos a creerles que esta vez hayan cambiado quienes han demostrado que se roban los recursos de los países”, agregó.
REFORMA TELECOMUNICACIONES, A REVISIÓN
En 2013, Peña Nieto promulgó la reforma en la actividad de telecomunicaciones que permitió a empresas extranjeras invertir en el sector. Con ello, las tarifas de telefonía e internet se redujeron y la penetración avanzó.
Pero, Jiménez, quien fue subsecretario de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico en la década de 1980, aseguró que aún quedan pendientes y que se “revisará” la reforma.
“Hay muchos puntos oscuros en donde se han inhibido las inversiones, donde la calidad de las telecomunicaciones no es mejor, donde la cobertura no llega a todos, donde la velocidad de internet no es suficiente (...) Todavía hay muchas cosas qué hacer”, dijo.
Durante la campaña electoral, López Obrador propuso cancelar la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México, valorado en 13,300 millones de dólares, pero conforme avanzaron los meses fue relajando su postura y dos semanas atrás aseguró que el destino de la megaobra se decidiría a través de una consulta ciudadana vinculante a fines de octubre.
La población decidirá entre dos propuestas: Continuar con la actual obra y cerrar el actual aeropuerto de Ciudad de México, o la construcción de dos pistas en una base aérea militar aledaña a la capital y mantener el actual aeropuerto, que ha estado operando en sus límites de capacidad desde hace años.
“Esta será la primera consulta ciudadana, vamos a inaugurar una administración donde habrá una democracia participativa, donde los grandes proyectos, las grandes obras, las cuestiones esenciales van a ser consultadas con la población”, dijo Jiménez quien admitió que aún no han decidido cómo se llevará a cabo, si en urnas electorales, encuestas o ambas