La Comisión Estatal de Derecho Humanos del Estado de Nuevo León solicitó a la administración pública estatal cumplir con la obligación de poner fin a la discriminación, ante el incremento del 31.2% en el porcentaje de la población que declaró haber sido discriminada en la entidad.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Discriminación 2022, el indicador se elevó de 14% a 18.4%, identificando a Nuevo León dentro de los 14 estados del país con un aumento en el número de casos de experiencias de discriminación.
En el oficio dirigido al titular del poder ejecutivo estatal, el Gobernador Samuel García Sepulveda, la presidenta de la CEDHNL, Susana Méndez Arellano, hizo un llamado a cumplir con la obligación establecida en el artículo 16 BIS de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Nuevo León.
En el mencionado artículo se establece que todas las oficinas públicas deben contar con una medida de acción integral, con señalética visible, legible y entendible para todo el público, en la que se condene todo acto que niegue, excluya o distinga el acceso o prestación del servicio a cualquier persona o colectivo por cualquier motivo que impida el goce y ejercicio de los derechos humanos.
La CEDHNL, puntualiza que al establecer una declaratoria institucional de cero tolerancia a la discriminación, esto debe traducirse en un trato adecuado a las personas usuarias de servicios públicos.
El documento señala que es imprescindible que “todas las autoridades públicas reafirmen sus obligaciones constitucionales de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos. Por un lado, asegurando que las instituciones y personas servidoras públicas se abstengan de incurrir en un acto discriminatorio y por otro, implementando medidas adecuadas y pertinentes para prevenir la discriminación y asegurar la inclusión e igualdad de condiciones”.
El organismo estatal recordó que cuenta con servicios de capacitación en educación, promoción y difusión dirigido a las personas servidoras públicas, a fin de coadyuvar en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.
