El gobernador de Florida, Ron DeSantis, rompió el jueves su silencio sobre una demanda presentada en su contra por Disney, describiéndola como una maniobra política que carece de mérito, a la vez que acusó a la compañía de falta de responsabilidad y transparencia.

DeSantis hizo estas declaraciones durante una rueda de prensa en Israel, donde se enfrentó a preguntas sobre la demanda, la última acción de Disney en una larga disputa sobre los esfuerzos de DeSantis para revocar los privilegios legales y económicos especiales con que cuenta la compañía.

“Yo no creo que la demanda tenga mérito, creo que es política”, dijo DeSantis a los periodistas en Jerusalén.

Bajo el mandato de DeSantis, Florida aprobó una legislación que puso fin a las condiciones especiales de las que Disney disfrutó durante décadas en la forma de administrar el distrito donde se encuentra Disney World, que básicamente otorga a la compañía una autonomía operativa casi total.

Disney demandó a DeSantis el 26 de abril, acusando a su administración de “utilizar su poder como un arma para infligir un castigo político” a la compañía por su oposición a la legislación del gobernador de Florida sobre los Derechos de los Padres en la Educación, que prohíbe la enseñanza de la identidad de género y la orientación sexual en las escuelas públicas desde el jardín de infancia hasta el tercer grado.

En sus declaraciones a los periodistas en Jerusalén, DeSantis dijo que los privilegios especiales que se habían concedido a Disney en la forma en que administraba el distrito especial donde se encuentra Disney World “no eran buenos para el estado de Florida”.

“No tenían transparencia, ni rendición de cuentas, nada de eso y ese acuerdo no era bueno para el estado de Florida”, dijo DeSantis.

“Pensamos que eso no debería continuar, por lo que ahora hemos traído la rendición de cuentas”, agregó el gobernador.

Disney no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Detalles de la demanda

Disney acusó al gobierno del estado de Florida de una represión ilegal por expresar una opinión que, según dice, debería estar protegida por las leyes de libertad de expresión.

La compañía acusó a DeSantis de participar en “una campaña selectiva de represalias del gobierno” como “castigo por el discurso protegido de Disney”, según la demanda (pdf), presentada ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Noroeste de Florida.

A instancias del gobernador, la junta de supervisión del Estado ha pretendido “anular” los contratos de desarrollo debidamente acordados y notificados públicamente, que habían sentado las bases de miles de millones de dólares de inversión de Disney y de miles de puestos de trabajo”, se lee en la demanda, afirmando que la medida era “claramente represiva, claramente antiempresarial y claramente inconstitucional”.

La denuncia afirma que DeSantis no planea detenerse ahí, indicando que su equipo “también planea ‘mirar cosas como impuestos en los hoteles’, ‘peajes en las carreteras’, ‘desarrollar algunas de las propiedades que posee el distrito con más parques de atracciones’, e incluso poner una ‘prisión estatal’ junto a Disney World'”.

“Quién sabe, creo que las posibilidades son infinitas”, dijo DeSantis, según cita la denuncia.

La directora de comunicaciones de DeSantis, Taryn Fenske, emitió una declaración a The Epoch Times. “No somos conscientes de ningún derecho legal que una empresa tenga para operar su propio gobierno o mantener privilegios especiales que no tengan otras empresas en el estado”, dijo Fenske.

“Esta demanda es otro desafortunado ejemplo de su esperanza de socavar la voluntad de los votantes de Florida y operar fuera de los límites de la ley”, añadió la directora de comunicaciones.

Disney pide la derogación

La larga controversia tiene su origen en la oposición a toda voz de Disney a una ley apodada por sus oponentes como el proyecto de ley “No digas gay”.

En marzo de 2022, los legisladores de Florida aprobaron la ley HB 1557, o Ley de Derechos de los Padres en la Educación, que fue promulgada como ley por DeSantis el 28 de marzo de ese año.

El mismo día que DeSantis firmó la ley, Disney se metió en la polémica, emitiendo una declaración muy crítica con la medida y afirmando que el objetivo de la compañía era que fuera derogada.

“La ley HB 1557 de Florida, también conocida como ‘Don’t Say Gay’ (No digas gay), nunca debería haber sido aprobada ni promulgada”, dice la declaración.

El objetivo de Disney era “que esta ley fuera derogada por la legislatura o anulada en las cortes”, declaró la compañía a continuación.

Los partidarios de la legislación argumentaron que da a los padres más poder para decidir cómo y cuándo los temas relacionados con cuestiones LGBT pueden ser introducidos a sus hijos. También da a los padres la oportunidad de demandar a los distritos escolares por violar las normas establecidas en la legislación.

“La instrucción en el aula por parte del personal de la escuela o de terceros sobre la orientación sexual o la identidad de género no puede ocurrir en el jardín de infancia hasta el tercer grado o de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de los estudiantes, de acuerdo con las normas estatales”, dice la medida (pdf).

El día que firmó la ley, DeSantis dijo que “los padres tienen todo el derecho a ser informados sobre los servicios que se ofrecen a sus hijos en la escuela y deben ser protegidos de las escuelas que utilizan la instrucción en el aula para sexualizar a sus hijos de tan solo 5 años de edad”.

La declaración de Disney de oposición al proyecto de ley provocó que algunos grupos de padres llamaran a boicotear los productos, películas, parques temáticos y espectáculos de la compañía.

En abril de 2022, DeSantis tomó represalias amenazando de derogar la Ley de Mejora de Reedy Creek de 1967, que establecía una jurisdicción especial y un distrito fiscal para Disney World.

La escalada continuó hasta que Disney presentó finalmente su demanda.