BUENOS AIRES — Acorralada por la justicia y el hartazgo social frente a la corrupción, la expresidenta y senadora Cristina Fernández accedió el martes a que un juez allane varias de sus propiedades en el marco de una investigación sobre una supuesta trama de negociados con la obra pública durante su gestión.

El anuncio a través de redes sociales ocurre justo en momentos en que la justicia cierra el cerco sobre exfuncionarios y empresarios por el pago de sobornos a cambio de contratos millonarios con el Estado durante los 12 años de gestión kirchnerista y en simultáneo con una multitudinaria manifestación frente al Congreso en reclamo de su desafuero como senadora para que rinda cuentas ante la justicia.

El juez federal Claudio Bonadío, a cargo de la causa, solicitó al Senado autorice el ingreso de agentes judiciales a las propiedades de Fernández en Buenos Aires y en el sur del país. Tras la fallida sesión hace una semana, la Cámara Alta tiene previsto tratar el asunto este miércoles.

Un día antes, la expresidenta (2007-2015) comunicó a sus pares del Senado en un escrito que “no tengo ningún inconveniente en que el cuerpo autorice lo solicitado por Bonadío”.

“Corresponde aclarar que esta decisión no implica convalidar la irracionalidad de las medidas dispuestas por Bonadío en su cruzada persecutoria contra mi persona, sino que tiene por principal objetivo terminar, de una vez por todas, con el show montado alrededor de estos allanamientos sin fundamentos”, agregó.

Días atrás Fernández, de 65 años, negó en un escrito presentado ante la justicia haber cometido delito. La senadora peronista acusó a Bonadío de conformar una trama de persecución política contra su figura en sintonía con el gobierno del actual mandatario Mauricio Macri.

En la causa que investiga la considerada mayor trama de corrupción en años en Argentina hay hasta ahora 15 detenidos, 13 arrepentidos, un prófugo y otros 13 investigados.

Entre los arrepentidos hay dos exfuncionarios que han dicho al juez que Fernández y su esposo y antecesor Néstor Kirchner estaban al tanto y eran beneficiarios de la maniobra.

Empresarios han reconocido por su parte haber pagado millonarias coimas a funcionarios o contribuido bajo extorsión a las campañas electorales de los Kirchner. El exmandatario falleció en octubre de 2010.

La causa se basa en una investigación del diario La Nación sobre ocho cuadernos que pertenecían al chofer de uno de los exfuncionarios detenidos en los cuales supuestamente registró entre 2005 y 2015 los días y horarios y montos en efectivo que habrían pagado los empresarios.

Parte del dinero se habría trasladado a la residencia presidencial y el domicilio particular de los Kirchner en Buenos Aires y en la provincia de Santa Cruz.

Por su condición de senadora, Fernández cuenta con fueros que la eximen de cumplir con órdenes judiciales.

La legisladora aclaró que aceptará los allanamientos ordenados por el juez, pero bajo determinadas condiciones. Entre ellas, que el procedimiento judicial se haga sin cámaras de televisión ni fotográficas “para evitar así la posterior difusión de imágenes en programas oficialistas con clara intención de humillación y hostigamiento hacia mi persona”.

También solicitó la presencia de un senador “designado por mí, al efecto de garantizar lo que disponga y ordene este cuerpo”.

Y en tono irónico reclamó que “Bonadío no rompa nada y disponga que se utilicen los instrumentos técnicos necesarios con los que cuentan las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia para escanear paredes, divisiones y/o cielo rasos de durlock”.

Este no es el primer pedido de la justicia al Senado por Fernández. El propio Bonadío solicitó su desafuero para detenerla por supuesto encubrimiento de ciudadanos iraníes señalados como responsables de un ataque terrorista perpetuado contra un centro comunitario judío en 1994. Si bien la causa ya fue elevada a juicio oral, hasta ahora el pedido no ha sido tratado por los legisladores.

“Devuelvan lo robado” y que “Cristina vaya presa”, fueron las consignas que prevalecían en la convocatoria de varios miles frente al Parlamento para exigir a los senadores el desafuero de la expresidenta. La manifestación ciudadana se convocó días atrás por redes sociales, pero contó con la adhesión de funcionarios y legisladores del actual gobierno.

Algunos ciudadanos acudieron con bolsos en alusión al traslado de grandes montos de dinero de la corrupción, otros vestidos con traje a raya de los presos y con banderas argentinas, también exigieron la sanción de un proyecto que facilitaría al Estado la apropiación de bienes obtenidos con dinero de la corrupción.

Si bien el oficialismo avala el pedido de Bonadío por los allanamientos, no cuenta con los votos necesarios para su aprobación. Para que la medida prospere es necesario el respaldo de senadores del opositor partido peronista, dentro del cual el kirchnerismo es una de sus corrientes.

Pese a las denuncias en su contra, la mayoría de los sondeos señalan a Fernández como la única contrincante de peso contra el presidente Macri si éste buscara la reelección en 2019. Los analistas sostienen que hay un 30% de la población que todavía apoya a Fernández por las políticas de inclusión social que impulsó durante su gestión.