El presupuesto para gasto corriente autorizado en 2019 por el Congreso del Estado a la Fiscalía General de Justicia es 10.5 por ciento superior al asignado a la Procuraduría General de Justicia el año pasado.

 Para este año, la Fiscalía, organismo autónomo que asumió las funciones de la Procuraduría, dispone de 2 mil 635 millones de pesos para gasto corriente. En el último año de la administración anterior, la Procuraduría recibió 2 mil 016 millones de pesos, 30 por ciento menos de lo que se asignó este año a la Fiscalía.

 Para 2019, la Fiscalía General de Justicia, solicitó un presupuesto de 6 mil 058 millones de pesos, petición que no puede ser atendida, ya que hacerlo afectaría con recortes presupuestales a otros poderes y organismos autónomos, así como a programas de sectores prioritarios como seguridad, salud y educación, de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

 A través de la reestructura de la deuda y el Plan de Ahorro y Austeridad, el Gobierno estatal ha logrado reducir el déficit de 6 mil 083 millones de pesos con que recibió la administración, a 3 mil 579 millones, proyectados para 2019.

 Para este año, los Poderes y Organismos Autónomos, entre ellos la Fiscalía General de Justicia, solicitaron un presupuesto adicional de 3 mil 562 millones de pesos, pero el Estado no cuenta con recursos suficientes.

 Es importante resaltar que tanto a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, como a la Fiscalía y al Poder Judicial, se les aumentó el presupuesto casi en la misma proporción, es decir, 10.3, 10.5 y 8.7 por ciento respectivamente.

 Si se autorizaran los montos solicitados por los Organismos Autónomos y Poderes, el déficit de Nuevo León se elevaría a 7 mil 140 millones de pesos, prácticamente el doble del faltante proyectado para 2019; afectaría la operación de los programas de beneficio colectivo del Gobierno y agravaría seriamente su situación financiera.