Monterrey.- El diputado Asael Sepúlveda Martínez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud Mental, al Código Penal y a la Ley de Educación del Estado, con el fin de otorgar tratamiento ambulatorio o domiciliario a los alumnos y alumnas inscritos en el sistema educativo estatal, como parte de la atención médica plena en materia de salud mental, a pesar de exista negativa de quien ejerza su patria potestad tutela o guarda y custodia, para evitar hechos violentos que atenten contra su integridad o la de la comunidad educativa.
“Los niños y adolescentes que son mentalmente sanos tienen una calidad de vida positiva y pueden desempeñarse bien en el hogar, la escuela, sus comunidades y en cualquier otra parte en que se encuentren. Sin embargo, en Nuevo León más de 4 millones 600 mil personas mayores de siete años han tenido algún sentimiento de depresión, preocupación o nerviosismo, según datos de la Encuesta Nacional de Hogares 2017”, mencionó el legislador.
“De conformidad a los estudios realizados por la OMS en diversos países en vía de desarrollo y desarrollados, se asocian con el suicidio y en personalidades antisociales que generalmente desencadenan agresiones premeditadas, como lamentablemente ocurrió aquí, el pasado 18 de febrero de 2017, en el Colegio Americano del Noreste, y más recientemente en el Colegio Cervantes, ubicado en la ciudad de Torreón, Coahuila, el 10 de enero de 2020;” comentó.
La iniciativa presentada, contempla los siguientes aspectos:
â— Establecer en las instituciones educativas, públicas y privadas, la aplicación de evaluaciones y diagnostico psicológico, por lo menos una vez bimestralmente después de iniciado el ciclo escolar correspondiente.
â— Ampliar las facultades de la Autoridad Educativa para que desde los planteles que imparten la educación básica se informe a la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, derivado de los resultados de las evaluaciones y diagnostico psicológico, cuando se advirtiera la necesidad de atención a la salud mental de alguno de los alumnos.
â— Establecer como derecho de las niñas, niños y adolescentes que requieran de atención a su salud mental, el ser acompañado por quien ejerza su patria potestad, tutela o guarda y custodia desde el inicio del tratamiento hasta la rehabilitación.
â— Ampliar las atribuciones de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes para que vele de forma supletoria y ante la negativa de quien ejerza su patria potestad, tutela o guarda y custodia, por los intereses de los menores cuando derivado de los resultados de las evaluaciones y diagnostico psicológico, se advirtiera la necesidad de atención su salud mental, bajo la modalidad de tratamiento ambulatorio o internamiento. Asimismo, para que no sólo pueda solicitar el internamiento de una persona a una unidad de salud mental, sino también, el tratamiento ambulatorio o domiciliario a los centros comunitarios. Además, de la obligatoriedad de dar vista al Ministerio Público, cuando se advierta que, durante el proceso de atención a la salud mental del menor, el usuario está siendo o ha sido víctima de negligencia, abandono, violencia o maltrato de carácter físico, psicológico, sexual, emocional o económico por parte de quien ejerza su patria potestad, tutela o guarda y custodia o de cualquier persona.
â— Ampliar la tipificación del delito de abandono de menores para incluir el supuesto de la salud psicológica.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y Seguridad Pública y la de Atención a Grupos Vulnerables.
