12/May/2024
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Propone GLI que físico terapeutas sean reconocidos como profesionistas

 

Monterrey.- Para evitar que las personas con discapacidad corran riesgos de salud al ser atendidas cuando requieran terapias físicas, el Diputado Jorge Blanco Durán, a nombre del Grupo Legislativo Independiente del Congreso del Estado, realizó un llamado para que los fisicoterapeutas sean reconocidos como profesionistas y, por tanto, cuenten con títulos o certificados de especialización.

El Legislador presentó la iniciativa para modificar el primer párrafo del artículo 49 de la Ley Estatal de Salud, referente a la atención médica de personas con discapacidad.

“Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, terapia física, trabajo social, química, psicología, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes”, detalló el Diputado sin partido en la Tribuna del Congreso.

Blanco Durán destacó que, por un lado, actividades médicas de este tipo requieren un mayor apoyo en su profesionalización, y por otro, dar certeza a las personas con alguna discapacidad de que su rehabilitación sea realizada por personal debidamente preparado y certificado.

“Esta medida va de la mano con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad que establece que la Secretaría de Salud promoverá el derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación sin discriminación por motivos de discapacidad, y los físicoterapeutas deben ser reconocidos como profesionistas”, recalcó el Diputado Independiente.

A la iniciativa presentada ante el Pleno se sumaron las diputadas Ludivina Rodríguez y Gloria Treviño; así como los legisladores Felipe de Jesús Hernández y Rubén González, y fue turnada a la Comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y análisis.