Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la minuta que expide la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual establece las normas que deberán observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial.
El documento, aprobado con 449 votos en lo general, también adiciona las fracciones XXXV, XXXVI y XXXVII y un quinto párrafo, y reforma el tercer párrafo del artículo 225 del Código Penal Federal, a fin de especificar los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y regular los medios para lograr la reinserción social.
El ordenamiento, enviado al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales, plantea que los principios rectores del Sistema Penitenciario sean la dignidad, igualdad, legalidad, debido proceso, transparencia, confidencialidad, publicidad, proporcionalidad y reinserción social.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado ílvaro Ibarra Hinojosa, expresó que este documento forma parte del marco normativo que lleva a fortalecer un camino iniciado hace ocho años con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del año 2008, para transitar de una justicia escrita e inquisitiva hacia una oral y adversarial.
Indicó que en este nuevo sistema la prioridad es el respeto irrestricto de los derechos humanos, la garantía de un debido proceso para los imputados y, sobre todo, la atención del derecho de las víctimas.
"El día de hoy, estamos cumpliendo con el compromiso que nos marcó el Constituyente Permanente, de darle a los mexicanos antes del 18 de junio del 2016, las herramientas que permitan hacer realidad en las leyes secundarias los principios consagrados en la Ley Suprema", afirmó.
El propósito de la Ley Nacional de Ejecución Penal es precisar las normas que deben observarse durante la prisión, ya sea preventiva o compurgando una sentencia, buscando respetar en todo momento los derechos humanos de quienes se encuentren en estas situaciones, bajo el principio de reinserción social.
En esta nueva ley, se definen las atribuciones y alcances de la figura del juez de ejecución, para garantizar que la privación de la libertad de las personas procesadas y sentenciadas sea aplicada sin abusos ni privilegios.
Se contemplan permisos humanitarios de salida, cuando se justifique con enfermedad terminal o fallecimiento de padres, hijos, cónyuge, concubina o concubino. También, brinda respeto a los derechos de las mujeres privadas de su libertad, alineándose a las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas.
Ofrece la posibilidad a los reos de acceder a las acciones administrativas y recursos jurisdiccionales para que se garantice el respeto de sus derechos, mientras dure su internamiento, y un novedoso enfoque de justicia restaurativa, contemplado en los programas de tratamiento de adicciones, reinserción en libertad, justicia colaborativa o restitutiva.
En los posicionamientos, la diputada Cynthia Gissel García Soberanes (Encuentro Social) señaló que con el dictamen se sientan las bases del nuevo sistema penitenciario, que tiene como fin la efectiva readaptación del sentenciado y su reinserción social, y contribuye a garantizar el debido proceso y la integridad física de los procesados que se encuentran en prisión preventiva, así como la salvaguarda de los detenidos con fines de extradición.
Indicó que la falta de un marco jurídico adecuado ha permitido el autogobierno y el abuso de las autoridades carcelarias en prejuicio de los internos. Además, 40 por ciento de la población penitenciaria no ha sido sentenciada, por lo cual la nueva legislación establece que los centros penitenciarios se dividirán en dos secciones: para la extinción de penas y para la prisión preventiva.
