Es constitucional el reconocimiento a los migrantes como sujetos de derechos en la capital porque no se modificó la política migratoria federal ni se establecieron nuevas obligaciones, argumentaron los ministros.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló diversas disposiciones de la Constitución de la Ciudad de México, entre ellas, el uso médico y terapéutico de la mariguana.

Al resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República (PGR), la cual argumentó una invasión de competencias de la esfera federal, los ministros concluyeron que en los temas correspondientes a la muerte digna, tratados internacionales y derechos de migrantes, la normatividad local es constitucional.

El criterio se amplió al patrimonio cultural, derechos sexuales y reproductivos, justicia cívica y derecho al agua, donde casi por unanimidad y sin debate entre los togados, fueron aprobando partes del proyecto del ministro Javier Laynez Potisek.

Sobre el uso medicinal y terapéutico de la mariguana, con ocho votos consideraron la validez de que el legislador local no invadió la competencia federal, porque sólo señala que en la Ciudad de México se permitirá estos usos del narcótico conforme a la Ley General de Salud.

Con nueve votos a favor del proyecto, desecharon el argumento de la PGR que señalaba que el concepto “muerte digna” hace referencia al suicidio asistido y eutanasia, posición que rechazaron los ministros al considerar que la doctrina internacional incluye en este derecho los cuidados paliativos para personas en fase terminal y la mejora de estándares de calidad en el cuidado de estos pacientes.

Por unanimidad avalaron los derechos sexuales y reproductivos contenidos den la Constitución de la Ciudad de México, que señala que las personas tienen “derecho a la educación en sexualidad y servicios de salud integrales, con información completa, científica, no estereotipada, diversa y laica”.

Los ministros confirmaron con 11 votos la constitucionalidad de la justicia cívica en la capital, al considerar que el legislador no invadió la competencia del Congreso de la Unión, pues asigna a las alcaldías la responsabilidad de su implementación y no establece las bases en las que ésta deberá operar, facultad de la Federación.

En materia de derechos de migrantes, con amplia mayoría la Corte declaró la validez de la normativa capitalina, ya que aunque el tema es de competencia federal, el legislador local sólo reconoció a los migrantes como sujetos de derechos y no modificó la política migratoria estableciendo nuevas obligaciones.

En votación económica los ministros aprobaron que es constitucional que la CDMX celebre acuerdos interinstitucionales de carácter internacional, ya que están regulados en la Ley sobre la Celebración de Tratados, por lo que en lo local no se busca implementar una política exterior propia.

En materia de derecho al agua, por mayoría de 10 votos avalaron la Constitución local, al señalar que cuando se hace mención a que el líquido es “inalienable, inembargable e irrenunciable”, se refiere al derecho humano al agua y su saneamiento, por lo que no invade la competencia federal de aguas nacionales.

Con relación al patrimonio cultural, por amplia mayoría validaron la constitucionalidad de la normativa capitalina, con excepción de los monumentos históricos y artísticos que sean de interés nacional, así como los arqueológicos y paleontológicos, ya que éstos entran en la regulación de competencia federal.

Algunos preceptos aprobados en sesión

Con una mayoría de ocho votos, el pleno de la Corte aprobó el uso medicinal y terapéutico de la mariguana, establecido en la Constitución de la Ciudad de México.

Por unanimidad, los ministros avalaron la constitucionalidad de las disposiciones de la Carta Magna local en materia de derechos sexuales y reproductivos.

Al considerar que el concepto muerte digna no engloba el suicidio asistido y la eutanasia, con nueve votos aprobaron la constitucionalidad del precepto local.

El pleno avaló con 10 votos la no invasión de competencia del congresista local al legislar en materia del derecho al agua, ya que se refiere al derecho humano.