Diez días más otorgó el Juez de Control que lleva el caso por daño al erario del municipio de Monterrey y en contra de la ex alcaldesa Margarita Arellanes y nueve ex funcionarios más , para que ambas partes presenten las pruebas suficientes y no el mes como lo solicitaba la Fiscalía.
La exalcaldesa Margarita Arellanes logró que se le extendiera el plazo para seguir reuniendo las pruebas necesarias en su defensa mientras que la Fiscalía buscaría más pruebas en su contra con los empleados municipales, tema que cuestionó la misma alcaldesa, al salir de la audiencia.
Tras la celebración de la audiencia que inició de 15:30 y concluyó a las 16:40 horas, en la sala uno de los Juzgados primero de lo Penal, la ex edil de Monterrey junto con nueve funcionarios más vinculados al caso la Juez de Control concedió 10 días más para reunir las pruebas.
Bajo el expediente 2949/2016 que ampara a 10 funcionarios de la Administración 2012-2015, encabezada por la Ex alcaldesa Margarita Alicia Arellanes Cervantes, el Juez Oscar Enrique Medina Pérez le extendió el plazo hasta el próximo 19 de agosto .
Los funcionarios están vinculados con el delito de ejercicio indebido de funciones y ejercicio abusivo de funciones esto tras el pago de unos servicios legales que hizo Arellanes días antes de concluir la administración por poco más de ocho millones de pesos , por servicios futuros prestados legales.
Mientras tanto, su abogada, Carla Prat señaló que esperan que la Justicia Federal resuelva sobre el amparo que tramitaron por violaciones a los derechos humanos tras la vinculación a proceso tanto de Arellanes como de la Síndica Irasema Arriaga a quien también está defendiendo.
Este amparo es solo para ambas y el resto de los funcionarios será cada uno de los abogados que los representan.
Por su parte, la ex edil aseguró que ella seguirá acudiendo a los llamados de la autoridad y realizará su actividad normal pues sus hijas dijo, iniciarán su ciclo escolar y ella continuará con el estudio de maestría en Administración Pública aplicada e incluso agregó que ha cumplido con todo el procedimiento legal.
Cuestionó Arellanes el que la fiscalía se apoye en el sindicato de burócratas para mandar llamar a servidores públicos cuando el responsable del personal sindicalizado como de confianza dijo, es Recursos Humanos "entonces por ahí entra una extrañeza...y el otro es que existe un domicilio, Ustedes saben donde está el Palacio...".
