Internacional

Trump afronta su primera prueba tras el decreto antimigratorio

Donald Trump se enfrentaba a protestas masivas por su controvertido decreto para cerrar las fronteras de Estados Unidos a los refugiados y ciudadanos de siete paí­ses musulmanes.

La medida recibió crí­ticas de aliados, generó confusión sobre su implementación y galvanizó a la oposición demócrata, que busca formas de derrotarlo.

También habí­a una creciente inquietud dentro del partido Republicano.

Cuatro jueces federales emitieron fallos para detener las deportaciones, en tanto unas 300 personas fueron detenidas o se vieron impedidas de viajar en el mundo.

Mientras, abogados de organizaciones defensoras de los derechos civiles advertí­an de que la batalla legal podí­a llegar al Tribunal Supremo de Justicia.

En Reino Unido, un manifiesto reclamando al Gobierno que anule la visita de Estado del presidente estadounidense superó este lunes el millón de firmas, pero el Ejecutivo respondió que mantiene la cita.

La Unión Europea dijo por su lado que se asegurará de que sus ciudadanos no sean ví­ctimas de las medidas del Gobierno de Trump, mientras el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos tildó el veto de Trump de "mezquino" e ilegal.

La Unión Africana, reunida en Adis Abeba, dijo que "estamos entrando en tiempos turbulentos".

- Protestas -

Miles de ruidosos manifestantes protestaron el domingo en los principales aeropuertos del paí­s por segundo dí­a consecutivo en apoyo a los inmigrantes y refugiados.

"Solo espero que podamos superar este perí­odo difí­cil manteniendo nuestros valores como paí­s", dijo Saif Rahman, un ciudadano estadounidense de 38 años nacido en Irak, quien debió atravesar controles adicionales tras llegar al aeropuerto de Dulles, en Washington.

El decreto, que entró en vigor el viernes, prohí­be el ingreso de refugiados durante 120 dí­as, sea cual sea su origen, y durante 90 dí­as a ciudadanos de siete paí­ses musulmanes: Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.

Al menos 109 personas han sido detenidas desde el viernes a su llegada a Estados Unidos, aunque tuvieran una visaado válido. No estaba claro cuántos de ellos permanecí­a retenidos el domingo.

AFP / Joshua LottUna manifestación el 29 de enero de 2017 en el aeropuerto internacional O'Hare de Chicago contra el decreto del presidente Donald Trump para cerrar las fronteras de Estados Unidos a los refugiados y ciudadanos de siete paí­ses musulmanes

Los asesores de Trump minimizaron la cifra a "un par de docenas", mientras Canadá ofreció residencia temporal a aquellos que no pudieron viajar a Estados Unidos y quedaron varados en el paí­s.

Bajo fuego en todos los frentes, Trump emitió una nota oficial en la que niega que el decreto sea contra los musulmanes y fustiga a la prensa.

"Para ser claro, no se trata de una prohibición que apunte a los musulmanes, como los medios informan falsamente", expresó Trump. "Esto no tiene nada que ver con la religión, se trata de terrorismo y de la seguridad de nuestro paí­s", defendió.

Pero la decisión de Trump ha provocado la mayor conmoción desde su investidura.

El presidente luego recurrió a Twitter para fustigar a los senadores republicanos John McCain y Lindsey Graham, quienes criticaron el decreto. Dijo que estaban "equivocados", que eran "débiles" en materia de inmigración y que "buscaban desatar la Tercera Guerra Mundial".

Las detenciones en los aeropuertos estadounidenses dejaron a familias divididas: un padre no pudo asistir al casamiento de su hijo, una abuela no pudo reunirse con sus nietos...

Irán, que calificó la medida de "regalo para los extremistas", es hasta ahora uno de los paí­ses más afectados por la cantidad de iraní­es que tienen visados de trabajo o de estudios de Estados Unidos.

En respuesta, Teherán instauró medidas similares contra los estadounidenses.

- Protestas -

"¡Los refugiados son bienvenidos!", vociferaron el domingo unas 10.000 personas en un parque neoyorquino con vistas a la Estatua de la Libertad, sí­mbolo de la llegada de inmigrantes al paí­s desde 1886.

AFP / Jason RedmondMegitu Argo (i) y su hija Ebany Turn lloran mientras una familia de refugiados somalí­es habla sobre la deportación de su primo durante una protesta contra el decreto de Donald Trump el 29 de enero de 2017 en Seattle (Washington, EEUU)

Miles protestaron frente a la Casa Blanca.

"Tomar una porción entera del mundo y decirle que no son bienvenidos, que son nuestros enemigos, invita a la violencia. No somos así­ en Estados Unidos", dijo Tal Zlotnitsky, quien tiene doble nacionalidad israelo-estadounidense.

Las protestas se sucedieron en la terminal Dulles de Washington y en los aeropuertos de Los íngeles, Orlando y Sacramento.

Centenares de personas se manifestaron en Boston, mientras se organizaban marchas en Atlanta, Denver, Kansas City y Seattle.

Mientras Trump evocaba los atentados del 11 de septiembre de 2001 para explicar las restricciones, ninguno de los paí­ses de los que eran oriundos los atacantes -Egipto, Lí­bano. Arabia Saudí­, Emiratos írabes Unidos- fue incluido en el decreto. Todos esos paí­ses son aliados de Washington.

La incertidumbre reinaba sobre la implementación del decreto. Algunos poseedores de la tarjeta verde de residencia permanente en Estados Unidos afirmaron que se les impidió viajar o que fueron devueltos.

Pero el Gobierno de Trump aclaró oficialmente el domingo que los residentes permanentes estaban exceptuados de la prohibición, que afecta a quienes tiene doble nacionalidad.

- Justicia -

Los fiscales generales de 16 estados de la Unión, todos demócratas, tacharon el domingo de "inconstitucional" el decreto y prometieron recurrir a "todas las herramientas" a su alcance "para luchar contra esta orden inconstitucional, preservar la seguridad nacional y los valores fundamentales de nuestra nación".

En última instancia, los tribunales derribarán el decreto, señalaron.

Será en efecto la justicia la que decida la suerte del decreto. "Esto acabará probablemente ante el Tribunal Supremo", dijo Anthony Romero, director de la poderosa Unión estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), en la cadena CNN.

El Gobierno tendrá que defenderse también de una acusación de discriminación religiosa. Tras el periodo de 120 dí­as, el decreto afirma que dará prioridad a los refugiados perseguidos a causa de su religión, una frase que apunta implí­citamente a proteger a los cristianos de Siria y de Irak.

Trump no ha dejado ninguna duda respecto a esta preferencia. "Los cristianos de Oriente Medio han sido ejecutados en masa. ¡No podemos permitir que ese horror se perpetúe!", tuiteó.