La posibilidad de anular la elección de Coahuila, creció anoche, luego que la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), detectó que los candidatos del PRI y el PAN rebasaron en más del 5% el tope de gastos en las campañas a obernador.
La Ley Electoral prevé esa circunstancia como causal de nulidad de una elección e impedimento para que los candidatos –Miguel Riquelme y Guillermo Anaya, en Coahuila– vuelvan a contender. Todos los candidatos de partidos políticos e independientes de Coahuila tuvieron ingresos por 136.45 millones de pesos y un gasto por 128.67 millones de pesos.
En particular, los aspirantes a gobernador tenían como tope de gastos 19.24 millones de pesos, que supuestamente —con los criterios de la Comisión de Fiscalización— estarían rebasando dicha cifra hasta en 5%.
En el caso de Riquelme el rebase es por 5 millones 981 mil 222 pesos, por lo que superó en 31% el límite permitido, y Guillermo Anaya por 5 millones 118 mil 972 pesos, 26% más de lo establecido.
El dictamen de rebase de topes de gastos se encontraría dividido en el Consejo General del INE, por lo que sólo una mayoría simple de sus integrantes podría ser la decisiva para determinar el rebase de gastos, la nulidad de los comicios y la posibilidad de una elección extraordinaria, en la que no participarían los candidatos sancionados, en este caso Riquelme y Anaya. Según los dictámenes, los cuales deberán ser aprobados el 14 de julio por el Consejo General del INE, Riquelme reportó un gasto de 17.3 millones y omitió reportar 7.8 millones de pesos.
Entre sus mayores gastos no reportados, el tricolor eludió informar sobre un pago total de 3.8 millones de pesos a sus representantes de casilla.
El panista Guillermo Anaya reportó 16.1 millones de pesos de gasto y la autoridad electoral detectó que omitió declarar 5.27 millones de pesos de gastos.
Armando Guadiana, de Morena,tuvo un gasto final de 9.3 millones de pesos; la perredista Mary Telma Guajardo, 1.9 millones; el PT, 1.02 millones; y los independientes, en conjunto, sumaron un gasto total de 4.5 millones.
El dictamen será votado el viernes 14 de julio en sesión de Consejo General del INE; la resolución será enviada al Tribunal Electoral de Coahuila, instancia a la que corresponde determinar si hay elementos para ratificar el triunfo del priísta Riquelme o, determina anular la elección.
Ante el debate generado por esta noticia es posible que ambas partes -o algún otro partido- impugne la resolución del Tribunal Estatal, de ahí que la última palabra la tendría la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
PRI
Luego que desde ayer sábado por la mañana circularon versiones sobre cambios en los criterios de fiscalización de gastos de campaña, Riquelme emitió un comunicado en el que negó haber excedido los límites fijados por las autoridades y anunció que acudirá a los tribunales.
"El INE", señaló, "no anula elecciones, corresponde a los tribunales evaluar el proceso electoral". Por la tarde, Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI, estuvo en Saltillo para presidir la Asamblea Estatal de su partido, y aseguró que "no le vamos a permitir a ningún partido y a ningún perdedor robarse lo que no ganaron en las urnas con mentiras y difamaciones".
PAN
Memo Anaya criticó el dictamen porque, acusó, es para favorecer al PRI y a su candidato, pues perfila que tanto él como el candidato tricolor rebasaron los gastos y él no lo hizo.
Antes, el mismo Anaya dijo que la nulidad de la elección era inminente.
LA RUTA POSTELECTORAL
Escenarios :
> INE somete dictamen a sesión en pleno el viernes 14 de julio. Si es ratificado, entonces el Tribunal electoral tomaría cartas en el asunto y podría resolver sanciones contra todos los que haya violado los topes.
En el caso del ganador, sería anular la elección y convocar a otra.
> Cualquier afectado podría desde el momento en que se ratificara el dictamen el viernes (si es que sucede) impugnar esa resolución, y posteriormente también impugnar la resolución que pudiera dar tribunal si es que no es conveniente a sus intereses.
> De haber otra elección, los candidatos sancionados NO podrían participar, los partidos sí y podría también haber nuevas coaliciones.
> La determinación podría ser emparejar el nuevo proceso al presidencial del 2018, para así incluso evitar gastos... lo que llevaría a nombrar Gobernador Interino. Lo nombraría el Congreso actual para entrar en funciones el 1 de diciembre.
> Pero también podría ordenar en cualquier otra fecha, incluso en unos meses.
> Esto podría incluir usar la misma estructura de funcionarios, casillas, etc. o crear una nueva.
> Incluso podría determinarse que sea el INE central, no el órgano de Coahuila, el que lleve a cabo ese nuevo proceso, sobre todo ante los reclamos contra el IEC.
