El PRI en el estado de Coahuila acusó al candidato del Partido Acción Nacional a gobernador, Guillermo Anaya Llamas, de un fraude electoral y financiero, por el orden de más de 70 millones de pesos, para la compra y coacción del voto y donde también se presume de lavado de dinero y la participación de personas con antecedentes en cuanto al tráfico de drogas.
Se dio a conocer que estas acciones se efectúan mediante operaciones bancarias en Banorte, a través de depósitos en efectivo a personas inexistentes. David Aguillón Rosales, quien funge como presidente de la Fundación Colosio en la entidad, dijo que los hechos serán denunciados ante la Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos Electorales, el Sistema de Administración Tributaria y la PGR.
Aguillón Rosales manifestó que en cuanto al fraude electoral y financiero, por parte del candidato del panista a la gubernatura, Guillermo Anaya Llamas y que constituye la compra de sufragios más grande de la historia que se tenga memoria en nuestra nación.
Datos sobre antecedentes delictivos
Las personas que hacen las aportaciones para la campaña de Anaya son: Eduardo Sierra González, quien es un empresario del estado de Durango y director de la franquicia Sr. Molletes. Entre sus antecedentes públicos está el haber sido detenido en el año del 2010 en Canadá junto a otras dos personas por traer consigo cocaína y metanfetaminas.
Aldo Andrés Minjarez Ortiz, sonorense que está ligado al Comité Ejecutivo Nacional del PAN, a través del ahora preso ex gobernador Guillermo Padrés y Jorge Garza Aburto, del estado de Saltillo y el cual fue Subgerente de Planeación y Administración de Pemex en el período del 2011 a 2012.
Forma en que operan
Se informó que en esta operación se encuentran implicados los "Consejos Ciudadanos", en donde se calcula tienen aproximadamente a unos seis mil activistas a sueldo y los cuales se dedican a la compra de votos para el PAN.
Estimó que son alrededor de 70 millones de pesos aplicados en este fraude electoral y se desconoce su procedencia. La operación está a cargo de Anaya, el presidente del PAN, Bernardo González y el senador Luis Fernando Salazar Fernández.
Mediante esos seis mil activistas que efectúan la compra y coacción del voto, a través de reuniones vecinales en donde mediante loterías, venta de leche, entrega de despensas y pláticas, se promueve la imagen del candidato del PAN a la gubernatura. También Aguillón recalcó que a ese ejército electoral se les realizan pagos en tarjetas de débito de Banorte con el conocimiento y complacencia de altos funcionarios bancarios mediante cuentas supuestas de nómina.
Y agregó que la fachada para esta operación es el Sindicato de Trabajadores y Empleados Especializados, Similares y Conexos de la República Mexicana. Por lo que se pidió la investigación a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Estas cuentas son alimentadas con depósitos millonarios que se originan en ciudades diversas como Mexicali, Saltillo, Monterrey y Reynosa.
El PRI dio a conocer que obtuvo dicha información, respecto a que Banorte aceptó estas cuentas sin informar a las autoridades hacendarias de los movimientos sospechosos, pues las tarjetas fueron expedidas a nombre de personas inexistentes.
Lo anterior, dijo, debido a que al cotejar el listado con la Secretaría de Hacienda y del Instituto Mexicano del Seguro Social, resulta que los trabajadores titulares de las cuentas bancarias, no existen.
Para evitar problemas, se les recomendó sólo realizar retiros en cajeros automáticos, nunca en ventanilla para evitar que les soliciten identificación oficial.
"Autoridades de la Secretaría de Hacienda están obligadas a verificar este hecho, pues el Sindicato de Trabajadores y Empleados Especializados, Similares y Conexos de la República Mexicana, con RFC STE152015JK8 y a nombre del cual están las tarjetas no solo realiza acciones para este partido sino para otros muchos fines".
El priiata David Aguillón Rosales afirmó que se incurre en delitos como: Lavado de dinero, coacción del voto, financiamiento ilegal, financiamiento paralelo, uso de recursos ilícitos en campañas electorales, violación de topes de campaña, peculado, entre otros.
Finalmente agregó que entre los personajes implicados se encuentran: El senador Luis Fernando Salazar Fernández tiene a su mando a Miguel Batarse, quien se encarga de la gestión de los millonarios depósitos y el acuerdo con los bancos para la expedición de miles de tarjetas que hoy inundan el estado. El otro mando es Alma Rosa Huitrón, quien tiene a su cargo la capacitación de quienes conforman los Consejos, así como la organización de loterías semanales y la distribución de leche y despensas.
