WASHINGTON  — La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el pedido de Arizona de dejar de emitir licencias de conducir a los jóvenes inmigrantes conocidos como “dreamers”, que están temporalmente protegidos de la deportación.

Los jueces no comentaron sobre el fallo del lunes.

Alrededor de 20.000 jóvenes inmigrantes en Arizona están protegidos contra la deportación en virtud de un programa iniciado en 2012 por la administración de Barack Obama. El gobierno del presidente Donald Trump está tratando de poner fin al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), pero ha sido bloqueado por los tribunales federales.

El tribunal superior rechazó recientemente una solicitud del gobierno para resolver la controversia del DACA.

Arizona intentó evitar que los inmigrantes protegidos por el DACA obtengan licencias de conducir. La entonces gobernadora Jan Brewer citó el deseo de reducir el riesgo de que las licencias se usen para acceder de manera indebida a los beneficios públicos.

En las últimas dos semanas unos 250 agentes de todo el mundo allanaron 25 viviendas y las oficinas de los socios de Phantom Secure, incluidas instalaciones en Los Ángeles, Miami y Las Vegas, según los fiscales. Se confiscaron servidores, teléfonos, computadoras, drogas y armas. También se tomó el control de más de 150 servidores que usaban los clientes de Phantom, cuentas bancarias y propiedades en Los Ángeles y Las Vegas.

Los cuatro socios de Ramos encausados con él en San Diego son Kim Augustus Rodd, de Tailandia; Younces Nasri, de Dubai, y Michael Gamboa y Christopher Poquiz, ambos de Los Ángeles.

Phantom Secure ofrecía sus servicios abiertamente a “empresas y ejecutivos”, pero los investigadores dicen que no cualquiera podía obtener uno de sus aparatos. Un nuevo cliente debía ir recomendado por otro ya existente y se lo sometía a una revisión de antecedentes.

De ser aceptado, se le daba un apodo, como “The.killa”, “narco”, “elchapo66”, “knee_capper” o “leadslinger”.

Los Blackberries emplean redes codificadas de Panamá, Hong Kong y otros países con fama de que son reticentes a colaborar con las autoridades de otras naciones. Los servidores son a su vez ocultados detrás de una serie de redes.

Los teléfonos de Phantom pueden comunicarse solo con aparatos de la misma empresa.

Si un teléfono caía en manos de las autoridades, se podía solicitar a Phantom Secure que borrase toda su información, indicaron las autoridades.

Seis meses de servicio costaban entre 2.000 y 3.000 dólares.

Todos los aspectos de los teléfonos de Phantom están pensados para impedir que sean penetrados por las autoridades. Los investigadores, no obstante, habían logrado infiltrarse en una banda que usaba los teléfonos e incluso había conseguido que le diesen uno después de que el capo de la banda, Owen Hanson, un ex jugador de fútbol americano, lo recomendase.

Hanson fue detenido a fines del 2015 y cumple en estos momentos una condena a 21 años de prisión por liderar una banda que traficaba drogas y organizaba apuestas ilegales.

Tras su arresto, Phantom trató de borrar toda la información de su aparato, pero la orden no le llegó al teléfono.

La banda de Hanson quedó al mando de Marc Emerson, detenido en marzo del 2017 después de cargar 194 kilos de cocaína en un camión, según los investigadores. El conductor del camión les dijo a las autoridades que la información del teléfono desaparecería si Emerson no daba señales para cierta hora, y así sucedió.

Investigadores de Estados Unidos y Canadá fueron tendiendo un cerco sobre Phantom Secure. En una ocasión un agente preguntó por teléfono a un empleado de la firma si se podía hablar de venta de drogas en los aparatos y este le respondió que “sin ningún problema” porque usaban servidores de Panamá “a los que nadie tiene acceso”, dicen los fiscales.

Otra vez una gente encubierto le pidió a Phantom que borrarse la información de un teléfono porque alguien había sido detenido y había que hacer desaparecer cierta “evidencia”. El representante de la empresa borró la información de ambos.

En febrero del 2017 varios agentes encubiertos que se hacían pasar por narcos de alto nivel se encontraron con Ramos en Las Vegas y le dijeron que estaban expandiendo sus operaciones en Sudamérica y Europa. Hablaron abiertamente de su negocio ilegal y dijeron que necesitarían rastreadores de GPS en caso de que tuviesen que localizar soplones para ejecutarlos, indicaron los investigadores.

Ramos dijo que podía suministrarles todo ese equipo.

Los agentes compraron diez aparatos y suscripciones por seis meses, por un total de 20.000 dólares, de acuerdo con documentos legales.

En junio del año pasado los agentes usaron un aparato de Phantom para comunicarse con un presunto traficante canadiense conocido como “La Cabra” y terminaron arrestando a Saysana Luangkhamdeng, a quien le encontraron 24 kilos de ecstasy en su vehículo. El hombre se declaró culpable.