ONG's, países en desarrollo y simples ciudadanos reclaman la solidaridad de los países ricos ante los impactos del cambio climático, una lucha bautizada como "justicia climática".

- Para los más vulnerables -

La idea de justicia climática emerge a principios de los años 2000, promovida por movimientos ciudadanos que denuncian las desigualdades entre las poblaciones del Norte y del Sur frente a los efectos del cambio climático.

Las ONG's insisten en el derecho de todos, y en especial de los más vulnerables, de vivir en un planeta "en buen estado de salud".

Tras una primera "cumbre" de la sociedad civil sobre el asunto en 2000 en La Haya, una coalición de ONG's adopta en 2002 27 "grandes principios de justicia climática", entre estos, "deuda ecológica" de los países industrializados y multinacionales, "responsabilidad" judicial de las industrias petroleras y mineras, "indemnización" de las "víctimas", "derecho" de las generaciones futuras a un "clima estable", etc.

Los dirigentes de los países en desarrollo se suman entonces a la defensa de este concepto. Y en 2015 el Acuerdo de París, adoptado bajo la égida de la ONU, subraya en su preámbulo "la importancia para algunas (comunidades) de la noción de 'justicia climática' en la acción llevada a cabo frente a los cambios climáticos"

- Ante los tribunales -

Paralelamente a las discusiones diplomáticas, la idea llegó al terreno jurídico.

Según una evaluación de noviembre del Grantham Research Institute on Climate Change de Londres, existen actualmente 1.400 leyes en el mundo referentes al cambio climático, es decir, 20 veces más que en 1997.

Los recursos en justicia se multiplican. Grantham contabiliza más de 260 asuntos que se refieren al clima en 25 jurisdicciones nacionales e internacionales, además de más de 700 casos en Estados Unidos.

Los demandantes denuncian a menudo gobiernos pero también empresas privadas:

- El mes pasado, en Alemania, un tribunal aceptó examinar la demanda de un campesino peruano, Saúl Luciano Lliuya, que denunció al gigante energético RWE para poder determinar su responsabilidad en el deshielo de un glaciar atribuido al cambio climático en los Andes.

-En Holanda, en 2015, la ONG Urgenda y 900 ciudadanos lograron que un tribunal ordenara al Estado reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el país de 25% de aquí a 2020. Un juicio en apelación está previsto en mayo de 2018, según Urgenda.

- En Filipinas en 2015, víctimas de tifones y varias ONG's recurrieron a la Comisión de Derechos Humanos para demandar a 47 multinacionales (Shell, ExxonMobil, Chevron...). Greenpeace espera que la investigación de esta institución independiente se termine de aquí a fines de 2018.

- En Estados Unidos, en 2015, una veintena de niños y adolescentes introdujeron junto a la asociación Our Children's Trust un recurso ante un tribunal de Oregón reclamando al gobierno bajar de forma significativa las emisiones de CO2.

Estiman que sus "derechos constitucionales" a la vida, la libertad y la propiedad fueron violados. Según su abogado, Daniel Galpern, una audiencia podría tener lugar en febrero si los recursos del gobierno no siguen adelante.

- ¿Responsabilidad y compensaciones? -

El artículo 8 del Acuerdo de París reconoce "la necesidad de evitar las pérdidas y prejuicios ligados a los efectos nefastos de los cambios climáticos". Pero la decisión que acompaña el texto precisa que esto no puede servir de fundamento a "ninguna responsabilidad ni indemnización".

Pero los países en desarrollo no abandonan sus reivindicaciones.

En el marco judicial, se plantean varias cuestiones: ¿puede establecerse una causalidad entre un efecto nefasto y las emisiones de un Estado o de una empresa? ¿Cómo evaluar la responsabilidad de cada uno para estimar eventuales compensaciones?

Un estudio publicado en 2014 en la revista Climate Change cuantifica las emisiones de CO2 y de metano de un centenar de grandes empresas petroleras, mineras y cementeras desde el periodo preindustrial. A RWE se le atribuyen por ejemplo 0,47% de estas emisiones, situando a la empresa en el puesto 28 de la clasificación.

Otro estudio publicado en noviembre en Nature asegura que "los recientes avances científicos hacen posible atribuir eventos" meteorológicos extremos al cambio climático, permitiendo determinar responsabilidades "a nivel de los Estados".

Pero muchas de las demandas reclaman actos y no indemnizaciones.

En el caso filipino, el objetivo principal es obtener que las 47 empresas "cesen sus emisiones", explicó a la AFP Zelda Soriano, de Greenpeace del Sureste de Asia.